Poco a poco, y sin que el país parezca darse por enterado, está a punto de producirse un cambio trascendental en la columna vertebral que define los rasgos más característicos del Estado en Colombia. En contados días el Congreso elegirá dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional y le dará fin así al proceso de relevo de seis de sus nueve miembros.
Las ternas que propuso la semana pasada el presidente Álvaro Uribe dejaron sin habla a muchos expertos en la materia. Y no como efecto de una reacción involuntaria de admiración, por el contrario, para cinco constitucionalistas consultados por SEMANA la mayoría de los seis juristas propuestos por Uribe son unos perfectos desconocidos.
Eso no quiere decir, de ninguna manera, que no sean profesionales íntegros, capaces y con excelentes hojas de vida en sus respectivos campos. Lo que llama la atención es que para ocupar un cargo al que en muchos países sólo llegan respetados juristas como premio a una carrera de méritos académicos e intelectuales, sean convocados nombres que en el mejor de los casos bien podrían conformar un excelente bufete de abogados u ocupar altos cargos en el sector privado.
Aunque no es un requisito indispensable, ninguno de los postulados tiene una experiencia significativa en derecho constitucional, ni una producción académica de peso. Pero lo más preocupante es que el fuerte de casi todos ellos es el derecho privado y tienen poca o ninguna experiencia en la defensa del interés público o de los derechos fundamentales, que es la tarea primordial de la Corte.
Es bastante significativo que un magistrado de los quilates constitucionales de Manuel José Cepeda vaya a ser reemplazado por María Victoria Calle (hoy vicepresidenta jurídica de una compañía de seguros), Zayda Barrero (hasta hace unos meses notaria y hoy esposa del rector de la Universidad Sergio Arboleda) o José Fernando Torres (un abogado de altas calidades en la rama de los seguros).
Mientras tanto, el llamado a reemplazar a Marco Gerardo Monroy es Jorge Pretelt, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y quien era favorito para ser fiscal general pero a última hora perdió con Mario Iguarán. Completan la terna Lida Salazar, hasta hace unos días superintendente de notariado, y José Rafael Escandón, quien ha sido jefe de la oficina jurídica de Caminos Vecinales.
“Nuevamente el Presidente vuelve a sorprendernos con personas de muy bajo perfil para cargos claves a la hora de mantener la independencia de los poderes. De hecho, casi ni los conocen. Son amigos del Presidente o de amigos del Presidente”, dice Pedro Santana, de Viva la Ciudadanía, organización que le hace veeduría a la elección de los magistrados.
En los corrillos políticos se han dedicado a hacer las cuentas de si el referendo para la reelección pasa o no el examen de la nueva Corte. Por lo menos los votos favorables de Pretelt y de Calle -si llegan a salir elegidos- parecen estar asegurados. En la hoja de vida de Pretelt aparece una publicación que se titula: Por qué votar sí al referendo (el de 2003), y en la de María Victoria Calle aparecen como referencias personales varios congresistas uribistas y hasta un consejero del Presidente.
La importancia del cambio en la Corte Constitucional va más allá de la coyuntura. Prácticamente se está inaugurando la tercera generación de una Corte que, tras 18 años de creada, se ha convertido en un verdadero baluarte en la defensa de los derechos fundamentales. Más aun, en un sistema político como el colombiano en el que el Congreso de la República ha sido protagonista de graves escándalos -el 8.000 y la para-política, por citar sólo los más nuevos-. Los fallos recientes sobre salud, desplazados, homosexuales y aborto, son apenas ejemplos de por qué la Corte Constitucional tiene gran prestigio y es considerada de vanguardia en el mundo Ahora, en esta nueva era, muchas cosas pueden cambiar.
Semana / 24 de marzo de 2009
