Desde el nacimiento de la tutela hasta la fecha, los colombianos han presentado 7 millones de estos recursos ante juzgados, tribunales y altas cortes para pedir la protección de derechos fundamentales. Sólo en 2017 la Corte Constitucional recibió 607.500, lo que equivale a 1.664 acciones al día.

De acuerdo con cifras de Unidad de Tutela de esa Corte, Bogotá y Medellín concentraron el año pasado la mayoría de las acciones, con el 31,19 por ciento del total.

De otro lado, la lista de entidades más demandadas la encabeza la Unidad de Víctimas, seguida de Cafesalud y Colpensiones, lo que refuerza el hecho de que entre los derechos que más fueron invocados están los de salud, mínimo vital y seguridad social.

Este mecanismo nació con la Constitución de 1991 y desde entonces se ha convertido en uno de los instrumentos más usados para proteger derechos fundamentales. De hecho, para el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, “la tutela es el instrumento más importante para defender los derechos fundamentales de los colombianos”.

Regulación causa polémica

Precisamente porque este recurso es uno de los más populares, las modificaciones anunciadas en el proyecto de reforma de la justicia presentado por el Gobierno hace algunos días han suscitado críticas.

Entre los cambios que traería la iniciativa está que la tutela deberá ser interpuesta ante jueces especializados en el área del derecho que se busca amparar con ese mecanismo, además de que esta no se podrá radicar en cualquier momento y se buscará reglamentar las que vayan contra providencias judiciales.

Para el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, hay que tener mucho cuidado con los cambios que se hagan a “una de las instituciones más sagradas”.

“La tutela es incuestionable desde el punto de vista de su integridad; habrá que mirar si las consideraciones que se pusieron en marcha, en relación con la descongestión que pueda generar la norma propuesta, afectarán la integridad de la tutela”, precisó Carrillo.

Frente a esto, desde el Ministerio de Justicia han explicado que lo que se pretende no es limitar la tutela, sino organizar este mecanismo y hacerlo más efectivo. 

Al respecto, Juanita López, viceministra de Promoción de la Justicia, dijo que debido a que la tutela es un instrumento para la protección inmediata de un derecho fundamental, no tiene sentido que sea interpuesta varios años después de la afectación de ese derecho. De acuerdo con la propuesta del Minjusticia, los límites en el tiempo serán regulados con una ley estatutaria.

Sobre la propuesta de que la tutela se pueda presentar solo ante jueces especializados en el tema, Ana María Ramos, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que “es una disposición que podría terminar afectando el acceso de los ciudadanos”, sobre todo cuando lo que más se tutela son temas de salud y pensiones, por lo que esto “podría terminar congestionando a jueces laborales y administrativos”.

Al respecto, López indicó que lo que se busca es que quienes decidan sobre una tutela sean quienes realmente conocen del tema, lo que haría más eficiente todo el proceso.

De otro lado, el proyecto deja la posibilidad de ejercer la tutela solo a personas legitimadas para hacerlo, pero, según indicó la Viceministra, esto no significa que puedan ser solo abogados; la tutela seguiría en manos de cualquier ciudadano, pero solo la podrá ejercer “quien tenga la titularidad del derecho, es decir, quien en realidad sea el afectado”, puntualizó. 

Con esto se busca evitar situaciones como las llamadas ‘tutelatones’, que congestionan aún más el sistema judicial.

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