Corte Constitucional. Sentencia T-2008-N0496 (T-1783291). 6/05/08.
Patricia Buriticá Céspedes, como representante de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP, y Jeimy Martínez Amaya, junto con otras 440 víctimas en el marco de la ley de justicia y paz, y de líderes o activistas pertenecientes a organizaciones sociales que luchan por los derechos de las víctimas del conflicto armado, solicitaron la protección de sus derechos, los cuales consideran vulnerados por omisión del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación, en la implementación de un programa específico de protección a víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz.
Las demandantes, entre otros hechos violentos contra ellas, expusieron los asesinatos de Yolanda Izquierdo Berrío, campesina que lideraba la reclamación de tierras de ella y de 700 familias más que fueron despojadas por los paramilitares, el de Carmen Cecilia Santana Romaña, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Bananero, el de Osiris Jacqueline Amaya Beltrán, perteneciente a una comunidad Wayuú, quien fue violada y asesinada por los paramilitares, el de la señora Judith Vergara Correa, de la red nacional de iniciativas por la paz Redepaz, y de otras personas que vienen siendo amenazadas por desmovilizados del bloque suroeste antioqueño de las AUC y por miembros del denominado bloque héroes de Granada.
La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la seguridad, la libertad, la integridad física, la vida en condiciones dignas, y el acceso a la justicia de las demandantes. En consecuencia ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, desarrollar las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, a fin de adecuarlo a los principios que la jurisprudencia y la práctica internacional han establecido para este tipo de programas especiales, incorporando los elementos mínimos de racionalidad de un programa que se inserte en una política pública global de garantía de seguridad, libertad y acceso pleno a la justicia de las víctimas
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NOTIFAX / 16 de mayo de 2008
