En el documento, divulgado ayer, la denominada Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial deploró las presiones que se siguen ejerciendo sobre la Corte Suprema de Justicia, así como sobre los fiscales y jueces de todo el país.
Los voceros de la rama judicial del poder público de Colombia pidieron “respeto y acatamiento de la autonomía e independencia que les son características a los funcionarios judiciales” a las autoridades nacionales y extrajeras.
El comunicado
Este es el texto del comunicado: “La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial del Poder Público reunida en sesión de marzo 9 de 2009, deplora las presiones que se siguen emitiendo hacia la Corte Suprema de Justicia y los jueces y fiscales, y reclama de las distintas autoridades, sean nacionales o extranjeras, respeto y acatamiento de la autonomía e independencia que les son características a los funcionarios judiciales, según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y en los tratados internacionales sobre la materia, y cuyo objetivo principal es garantizar una recta administración de justicia para los ciudadanos.
También insta para que a sus magistrados y a todos los servidores judiciales se les otorgue la debida protección integral y se respete su derecho a la intimidad y dignidad”.
Las presiones
El comunicado coincide con declaraciones del presidente Álvaro Uribe y el embajador norteamericano William Brownfield sobre las actuaciones de la justicia colombiana.
Al comienzo de la semana, Uribe les pidió a los jueces más apoyo y coordinación con las Fuerzas Armadas para poder “desmantelar totalmente estas bandas”, en referencia a las organizaciones comandadas por Daniel Rendón, alias don Mario; Daniel el loco Barrera; Pedro Guerrero, alias Cuchillo; Luis Enrique Calle, alias Comba, y Diego Rastrojo Restrepo.
Casi de inmediato, el magistrado Torres les respondió al gobernante: “Nosotros trabajamos todos los días para mejorar el sistema”.
Por su parte, hace casi un mes el embajador Brownfield se declaró confundido por la actuación de la Corte Suprema que autorizó la extradición hacia Estados Unidos del guerrillero Gerardo Aguilar, alias Cesar, pero en cambio negó la del también combatiente irregular Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, capturados durante la operación Jaque, en la que fueron liberados tres ciudadanos norteamericanos.
Brownfield dijo no entender como la Corte decidió autorizar la extradición de uno de ellos, si ambos estaban solicitados en extradición por el mismo delito y le ofreció al alto tribunal un espacio de discusión para analizar situaciones jurídicas como esta: “Ofrecemos un diálogo abierto o privado, como lo prefiera la Corte”.
El Nuevo Siglo / 12 de marzo de 2009
