Según el Presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, el problema está en que las autoridades no cumplen con las sentencias de los jueces, especialmente en el tema de salud.
“Es importante alertar a las autoridades administrativas para que tengan en cuenta y respeten las decisiones. De esta manera, el Estado no tendrá que asumir los costos de las demandas ni tendrá que someterse a trámites engorrosos”, explicó el Magistrado.
Rafael Ostau de Lafont señaló que, aunque la tutela es un recurso necesario, es la causante del represamiento de procesos.
“La tutela es un elemento maravilloso que permite defender los derechos humanos de las personas, pero paradójicamente se ha convertido también en un elemento perturbador de la atención que otros procesos deben tener”, indicó el Presidente del Consejo de Estado.
Precisamente el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, anunció que fueron aprobados 62 millones de dólares para ayudar a la descongestión judicial de los despachos.
CM& / 30 de abril de 2009
