Abogado rosarista, comenzó su carrera como asesor jurídico de la DIAN en 1982, fue secretario jurídico de la Presidencia y ministro de Defensa en el primer mandato de Uribe, y en julio de 2006 fue nombrado embajador ante la OEA, cargo que ocupó hasta mediados de este año cuando su nombre comenzó a sonar para integrar la terna de candidatos para la Fiscalía General de la Nación.
Ya en la terna, Ospina se ha movido en forma tan silenciosa como siempre buscando adeptos para su causa, convencido como está de sus posibilidades. Para nadie es un secreto que es el candidato de la Casa de Nariño y por eso los múltiples críticos de la terna dicen que, en realidad, se trata de una “terna de uno”: la inclusión en la lista de Virginia Uribe fue solo un saludo a la bandera para cumplir con la cuota femenina y a Juan Ángel Palacio le revivieron una denuncia por intento de soborno y lo circundan rumores por tráfico de influencias. Así las cosas, parecería que a los magistrados de la Corte no les quedaría otro remedio que votar por Ospina.
No obstante, lo mismo que a Palacio, su compañero de terna, al ex ministro le han empezado a salir fantasmas del clóset por su supuesta cercanía con Víctor Carranza, “el zar de las esmeraldas”. Los mismos fantasmas que lo rondaron en 2005 cuando fue nombrado ministro de Defensa. Según versiones que circularon entonces y que circulan ahora, Ospina habría tenido con Carranza negocios de compra-venta de tierras en Boyacá, de donde los dos son oriundos. También dicen que Carranza habría ayudado a pagarle sus estudios universitarios.
CAMBIO conoció que organismos de investigación nacionales e internacionales tienen información según la cual Ospina habría sido asesor legal de Carranza en asuntos relacionados con concesiones de tierras por parte del Estado para la explotación de esmeraldas. Esas informaciones por ahora se encuentran reservadas.
Por otra parte, periodistas de esta revista contactaron a personas cercanas a otro conocido empresario de las esmeraldas de Boyacá, Pedro Nel Rincón -alias ‘Pedro Orejas’ y hoy preso en La Picota por homicidio-, que aseguran que el ex ministro de Defensa ha ayudado a Carranza en asuntos legales. “Pregunten en Chiquinquirá cuántas veces los han visto juntos”, dijo uno de ellos.
CAMBIO se comunicó con Ospina para indagar su versión. El ex Ministro dijo que no se pronunciará hasta que la Corte Suprema escoja al nuevo fiscal general, pero aseguró que no hay cómo probar su amistad con Víctor Carranza. “Le agradezco la comunicación pero tengo claro que no existe nada -le dijo a CAMBIO-. Esas son historias de bandidos”.
De todas maneras, el tema Carranza, que tiene abiertas en la Fiscalía siete investigaciones -tráfico de armas, secuestro, lavado de activos y formación de grupos paramilitares- pende como espada de Damocles sobre la cabeza del aspirante a fiscal.
Manos atadas
Pero a Ospina no solo lo ronda el fantasma de Carranza. En caso de ser elegido, tendría que declararse impedido en varios procesos que, dado al rango de los investigados, le correspondería asumir personalmente. Por ejemplo, en los del ex ministro Sabas Pretelt y el ministro Diego Palacio, investigados por la ‘Yidispolítica’ y que fueron sus compañeros de gabinete.
El ex ministro tampoco podría intervenir en las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros de la Fuerza Pública, pues durante su gestión en el Ministerio de Defensa fue expedida la controvertida “circular 029” de 2005 que estableció el plan de recompensas, y que para muchos terminó siendo el detonador de los mal llamados ‘falsos positivos’. Por ejemplo, Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, dijo en su informe preliminar luego de su visita al país, que la medida degeneró en “el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes”.
Pero, además, Ospina difícilmente podría garantizar imparcialidad en casos tan sensibles como los de la ‘farcpolítica’, pues en su condición de embajador ante la OEA fue el encargado de defender a Colombia por el operativo militar en la frontera ecuatoriana para abatir a ‘Raúl Reyes’, en cuyos computadores las autoridades han encontrado información que compromete a periodistas, congresistas y miembros de la oposición. Así que los defensores de los investigados por supuestos nexos con las Farc exigirían que Ospina se mantenga al margen de esos procesos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia no es fácil. Más grave aún, está contra la pared. Y aunque, por lo menos en teoría, no podría devolver la terna porque sus integrantes llenan los requisitos mínimos, y hacerlo crearía un hecho político sin precedentes y profundizaría el enfrentamiento con el Presidente, circula la versión de que la mayoría de los 23 magistrados votarían en blanco en la primera ronda para mostrar su inconformidad y presionar al Presidente a cambiar la terna.
La situación es crítica, pero lo que está en juego es nada menos que la independencia de la Justicia. Y la Corte y los colombianos no quieren un fiscal ‘de bolsillo’.
