Acuerdo unánime en Senado para no tocar la tutela en reforma a justicia

En el marco de la audiencia pública sobre el proyecto de acto legislativo de la reforma a la justicia, presentado por el Gobierno, que se cumple este lunes en la Comisión Primera del Senado, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció que los ponentes de la iniciativa le dijeron que probablemente no tocarán la acción constitucional de la tutela, como lo proponía el Ejecutivo.

No obstante, la jefa de la cartera del derecho expuso las generalidades de lo que busca la reforma en torno al recurso de la tutela: “Queremos que (la tutela) se convierta en excepcional y quisimos tocar el artículo 86 para abrir un debate amplio sobre cómo podemos fortalecer la tutela, entonces en esta reforma solo ponemos que haya legitimación en la causa, que podamos especializarla para que haya mayor calidad en las decisiones judiciales”.

Al respecto, precisó Borrero que en diálogos con jueces “nos dicen: en 10 días tenemos que pronunciarnos y sacar una sentencia sobre un tema que nosotros no conocemos, entonces al hacer un análisis de sentencias uno ve la falta de la calidad y el rigor técnico en muchas decisiones de tutela”.

La reforma plantea que para la acción de tutela se reforma el artículo 86 de la Constitución para exigir legitimidad de quien la ejerce, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, la mayoría de asistentes a la audiencia se manifestaron en contra de reformar la acción constitucional de amparo de los derechos fundamentales.

El senador cordobés de Colombia Humana, Gustavo Petro, advirtió: “El mecanismo ciudadano más eficaz de justicia se llama tutela, y el Gobierno lo quiere quitar.  La efectiva protección de derechos que ha promovido la tutela hace que esta reforma tenga un gran vacío al querer reformarla”.

A su vez, la directora (e) de la Corporación Excelencia en la Justicia, Ana María Ramos, señaló: “No estamos de acuerdo con la especialización de la tutela, es un mecanismo que se debe resolver en 10 días y especializarlo puede generar conflictos de competencia que prolongarían su tiempo de resolución. El 70% de las tutelas son sobre salud y pensiones.

Entre tanto, la senadora Aída Avella, de los Decentes, le preguntó a la ministra: “Con la disculpa de racionalizar la tutela, quieren atentar contra los derechos fundamentales. ¿Ministra de Justicia, pasará a la historia como la enemiga de lo único que tienen los colombianos para defenderse de los millones de abusos?”.

A su turno, Jorge Abril, de la Comisión Colombiana de Juristas, se declaró en contra de limitar la tutela, de los jueces especializados para conocerla, de no remitirla a la Corte Constitucional para su revisión, de fijarle un término de caducidad, 

En este mismo sentido, Armando Otálvaro, de Asonal Judicial, sentenció: “La tutela no se debe tocar. Nos oponemos a la transformación del único mecanismo democratizador de la Constitución del 91”. Y agregó que, por ejemplo, en 2017 hubo 870 mil tutelas, de las cuales 270 mil fueron por derechos de petición negados, 250 mil por temas de salud y 150 mil tutelas por pensiones.

La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, indicó que la reforma “despoja de la de acción de tutela a millones de ciudadanos al limitarla a jueces y tribunales especializados que además están en pocos municipios del país”.

Y, finalmente, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado José Luis Barceló, concluyó: “La tutela hay que preservarla y cuidarla”.

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