Borrero reiteró que la iniciativa busca aportar un granito de arena al fortalecimiento de la persecución de los delitos sexuales contra las mujeres, y para lo cual implementarán una estrategia ya usada en casos de extorsión.
“La Corporación en el pasado había realizado un manual de buenas prácticas para los casos de extorsión, un trabajo en el que se hizo un marco legal de cada uno de las actuaciones, luego el proceso que tienen que seguir los investigadores y posteriormente las recomendaciones o buenas prácticas que fueron tomadas directamente del saber de los investigadores”, dijo la Directora de la Corporación.
Borrero explicó que la CEJ no es la encargada de decidir cuáles son las buenas prácticas, sino que se eligen después de hacer un determinado proceso y un trabajo mancomunado con la Fiscalía General.
La realización del proyecto tiene un tiempo aproximado de duración de nueve meses y estará dividida en tres etapas: la primera, la realización de un diagnóstico; la segunda, el proceso de elaboración de la guía de procedimientos; y la tercera, la realización del manual de atención a las víctimas.
La primera fase, la de diagnóstico se realizará en dos seccionales de la Fiscalía y en el estudio se hará especial énfasis en los temas de acceso carnal violento y abuso a menor de 14 años. En ese estudio se espera evidenciar cuáles son las capacidades que tiene la Fiscalía General para atender los casos. Aunque el diagnóstico como tal no ha iniciado, la investigación teórica sobre el tema se ha avanzado y ha permitido evidenciar, en primer momento, una serie de falencias en cuanto al temor de las víctimas a denunciar, las fallas estructurales y físicas de la Fiscalía para que las víctimas denuncien, algunas demoras en los trámites de Medicina Legal, entre otros.
La mencionada cifra de las 28.000 denuncias con pocas consecuencias judiciales es uno de los resultados que ha arrojado la primera etapa del proyecto.
La segunda fase, aquella que pretende elaborar la guía de procedimientos se va a trabajar directamente con los operadores de modo que se puedan implementar las buenas prácticas de forma que las investigaciones concluyan realmente en una sentencia. Según la agenda de la iniciativa, primero se va a elaborar el texto y luego se planeará una estrategia de socialización con el país.
La tercera y última parte, estará dedicada a la creación de un manual de atención a las víctimas, es decir, un documento que les permita a las entidades identificar el tipo de ayuda que necesita una persona afectada por la violencia sexual, las acciones que se deben emprender y ante que autoridades responsables.
Aunque no hay un número aproximado de personas que se podrían beneficiar con la iniciativa, sí es clara la intención de la misma de aumentar las sentencias por los hechos y mejorar la calidad de vida de las mujeres tal y como lo buscan otros proyectos promovidos en el Congreso.
Crimen de lesa humanidad
Hace curso en el Congreso una iniciativa encaminada a convertir en crimen de lesa humanidad toda aquella muestra de violencia sexual que se de en el marco del conflicto colombiano. La iniciativa busca que los hechos se reconozcan como un crimen de lesa humanidad y que, por lo tanto, no sea juzgado por la justicia ordinaria. De ser aprobada la iniciativa la legislación tendría que reconocer que las violaciones hacen parte de un ataque sistemático y generalizado.
Violencia no querellable
Este año fue aprobado en el Congreso el proyecto de ley que determina que todos los delitos de violencia en contra de la mujer pueden ser denunciados por cualquier persona y que, además, no se podrá desistir de las denuncias presentadas por violencia intrafamiliar o por inasistencia alimentaria de manera que no se podrán conciliar. Las penas para los agresores de mujeres estarían entre los 4 y 8 años de prisión y serían excarcelables dependiendo de la gravedad de las lesiones.
Ley Rosa Elvira
Después del conocido asesinato de una mujer en un parque en Bogotá, se empezó a tramitar en el legislativo un proyecto de ley que busca castigar de forma severa a todos aquellos que cometan actos de violencia contra las mujeres. El texto incluyó un artículo que tipificaría como homicidio agravado cualquier crimen en contra de las mujeres, lo que obligaría a los responsables a pagar, entre 33 y 50 años de prisión a quienes asesinen a una mujer.
