Francisco Benjumea, por ejemplo, un preso condenado en la cárcel Modelo de Bogotá, recuerda que la última plata que le debía a su abogado se la pagó con una cama, un colchón ortopédico y un cuadro de la Virgen del Carmen. ¿Se trata de una práctica que desacredita la labor de los abogados?, ¿hay algo por hacer? Para el abogado R. todo es culpa de la pobreza en la que ha ido cayendo la profesión. Según él, ya no son abogados sino “ahogados”, y lo dice con una seriedad amarga, sin ironía alguna. En la billetera, admite, no tienen plata y el pasaje de regreso a su casa depende de que alguien lo contrate hoy. Ahora, una asesoría puede pactarse por diez mil pesos.
Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en La Justicia, le da la razón a R. Ella cree que todo es culpa de la concentración de los casos lucrativos en unos pocos profesionales. A algunos de los juristas más célebres, los acusa de dilatar los procesos sólo para poder cobrar cuantiosas comisiones.
En efecto, mientras el abogado de una multinacional puede cobrar hasta cien millones de pesos por un concepto jurídico de apenas dos o tres hojas de extensión, un “reducidor” tiene que conformarse con treinta mil pesos, o su equivalente en trastos de cocina.
Según el Consejo Nacional de la Judicatura, máxima instancia disciplinaria de los abogados, cada profesional está en libertad de pactar la forma de pago de sus honorarios. Recibir estufas, secadores de cabello o anillos es cosa de cada quien. No es un delito.
Whanda Fernández, docente de la Universidad Nacional y una de las penalistas más destacadas del país, lamenta la situación porque ella sí cree que recibir electrodomésticos atenta contra la profesión. En su opinión, todo es culpa del sistema penal acusatorio y de una práctica cada vez más extendida que ella califica de “combos económicos”.
Al parecer, el nuevo sistema permite que en una sola audiencia a veces se resuelvan hasta tres instancias procesales, algo así como comprar una hamburguesa y, por el mismo precio, llevarse gratis la gaseosa, las papitas fritas y el muñequito de moda. Según Whanda Fernández, esa búsqueda exagerada de la economía procesal ha terminado por empobrecer la profesión y tiene quebrados a muchos abogados.
Los ‘despachos’ de los ‘ahogados’ La oficina del abogado M. huele a longaniza. Su escritorio es la mesa de una cafetería en las afueras de los juzgados de Paloquemao, la mayor concentración de tribunales del país, en el centro de Bogotá. En el negocio se venden almuerzos y se redactan demandas y se sacan fotocopias y se laminan documentos y se ofrecen minutos por celular. Todo ahí, en un salón de ocho metros cuadrados.
“Pregunte por lo que no vea”, dice una mujer con el cabello revuelto mientras le toma la orden a un anciano que pide un café con leche, un buñuelo y hablar con el doctor M. Hace dos días, el viejo conversó con el abogado y ambos convinieron que los honorarios por defender a un hijo suyo serían cancelados con una nevera y un ventilador casi nuevo. Nadie debe extrañarse.
S., un penalista con diez años de experiencia, ahora vende pólizas de seguro y redacta derechos de petición y hasta escribe trabajos para estudiantes universitarios, todo eso mientras espera a que alguien lo llame a su celular sin minutos disponibles.
Su oficina la comparte con una mujer que vende productos esotéricos, inciensos, piedras magnéticas, velas y aguas de colores para el amor, la fortuna, el buen entendimiento y el éxito profesional.
La oficina de S. está separada del almacén por un muro de tabla pero el olor de los ungüentos se cuela por algún lado. Él no cree que la fortuna dependa de prender velas, pero por si acaso dice que se compró una. Todavía no la paga. Podrá hacerlo si funciona.
Faltan abogados de oficio Toda persona capturada tiene derecho a un abogado de oficio, es decir, un jurista profesional que vele por sus intereses sin cobrarle nada al ciudadano, pues los honorarios corren por cuenta del Estado, encargado de cancelarlos en su totalidad.
Desafortunadamente, advierte Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, el Estado todavía no logra cumplirles a todos los ciudadanos con ese derecho y es por eso que cientos de personas pobres se ven obligadas a resolver su defensa usando lo poco que tienen.
