137 congresistas han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia y por la Sala Especial de Primera Instancia, entre enero de 2000 y febrero de 2022. Es decir, 92 en primera instancia y 45 en segunda.
El Consejo de Estado declaró la “muerte política” de 80 parlamentarios entre 1991 y 2021: 69 en única instancia y 11 en procedimientos de doble instancia.
Congresistas como Néstor Iván Moreno, Alirio Villamizar Afanador, Germán Olano Becerra, Luis Alfonso Hoyos, Iván Díaz Mateus y Holger Díaz Hernández, perdieron su investidura en única instancia, y parlamentarios como Aída Merlano, Bernardo Miguel Elías Vidal, Plinio Olano Becerra y Eduardo Pulgar Daza perdieron su investidura en procesos de doble instancia.
Bogotá, 6 de julio de 2021. Concierto para delinquir es el delito que más cometen los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, y violación al régimen de inhabilidades la razón por la que más pierden su investidura ante el Consejo de Estado, advierte un informe elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— que analizó la investigación y juzgamiento de los parlamentarios. Mientras en el primer delito la participación fue del 42.2% en el total de sentencias emitidas en única instancia, en la violación al régimen de inhabilidades, también en procesos de única instancia, fueron emitidos 22 fallos por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En cuando a los procesos en la Corte Suprema de Justicia, el documento analizó las 92 sentencias emitidas por la Sala de Casación Penal en única instancia, entre 2000 y 2018, por procesos penales contra congresistas en delitos contra la fe pública, el orden económico social, la seguridad pública, entre otros, y encontró que el listado de los delitos está encabezado por concierto para delinquir con 42.2%, peculado con 13.8%, concusión con 8.6%, constreñimiento al sufragante con 5.2%, concierto para promover grupos al margen de la ley con 5.2%, cohecho con 4.3%, tráfico de influencias con 4.3% y enriquecimiento ilícito con 3,4%. De acuerdo con el informe, al menos el 90.2% de los 92 fallos tenían sentido condenatorio y 106 servidores públicos fueron juzgados por estos delitos ante la Sala de Casación Penal.
Ahora bien, el informe detalla además que, en la Sala Especial de Primera Instancia, que entró en funcionamiento en 2018 con el acto legislativo que permitió la doble instancia de aforados, al 3 de febrero de este año se adelantaban 206 procesos penales y se han proferido, desde julio de 2018, 45 sentencias repartidas en 26 condenas (57,8%), 16 absoluciones (35,6%) y tres sentencias anticipadas (el 6,7%).
Se destaca contrato sin cumplimiento de requisitos legales como el delito más juzgado por esta Sala con el 18.9%, seguido de peculado con 17,8%, prevaricato con 15,6%, concierto para delinquir con 10%, cohecho con 7.8%, falsedad ideológica en documento público con 4.4%, fraude procesal con 3.3%, tráfico de influencias de servidor público con 3.3%, enriquecimiento ilícito con 3.3% y corrupción al sufragante con 3.3%.
En cuanto a la pérdida de investidura, la Constitución de 1991 consagró este tipo de sanción por vulneración al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés por los congresistas.
A este respecto, las estadísticas elaboradas por la CEJ a partir de la información suministrada por la corporación judicial competente para investigar estas irregularidades, da cuenta que se presentaron 22 sentencias en única instancia por la violación al régimen de inhabilidades y 3 fallos en procesos de doble instancia por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a seis reuniones plenarias en las que se votaron proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura, siendo las principales causas de pérdidas de investidura, que supone la llamada “muerte política” que implica la inhabilidad para volver a ser elegido.
Al igual que la Corte Suprema, el Consejo de Estado decidió las pérdidas de investidura en única instancia hasta el 2017. De esta manera, entre 1991 y 2017, se radicaron 571 solicitudes y se fallaron 395, decretando al menos 69 de estas, es decir, el 17.5%, y al menos el 20% de las solicitudes fueron rechazadas o inadmitidas.
La mayor cantidad de las pérdidas de investidura en única instancia tuvieron que ver con la violación al régimen de inhabilidades con 22 fallos, seguido de la violación al régimen de incompatibilidades con 14, la indebida destinación de dineros públicos con 13, la violación al régimen de conflicto de intereses con 12 y el tráfico de influencias con 4. Por su parte, solo una de las 69 sentencias decretadas se refirió a la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se votan proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura.
Congresistas como Néstor Iván Moreno, Alirio Villamizar Afanador, Germán Olano Becerra, Luis Alfonso Hoyos, Iván Díaz Mateus y Holger Díaz Hernández perdieron su investidura en única instancia.
Ahora bien, a partir de la expedición de la Ley 1881 de 2018, que permitió tramitar las pérdidas de investidura en un procedimiento de doble instancia, se han radicado 108 solicitudes al cierre de 2021, sin embargo, 10 expedientes fueron acumulados en 9 al tratarse de solicitudes contra un mismo congresista, resultando un total de 98 expedientes. De estos, 60 fueron fallados por el Consejo de Estado negando 50, es decir el 83,3%, y decretando los 10 restantes, es decir, el 16,7%.
Las causas de perdida de investidura después del 2018, cuando entró a operar la segunda instancia para estos procesos, fueron la inasistencia con 3 fallos, el tráfico de influencias con 3, indebida destinación de dineros públicos con 2, violación al régimen de incompatibilidades con 2 y violación de los topes máximos de financiación y no tomar posesión del cargo con una sentencia, respectivamente.
Congresistas como Aída Merlano Rebolledo, Bernardo Miguel Elías Vidal, Plinio Olano Becerra y Eduardo Enrique Pulgar Daza han perdido su investidura en un proceso de doble instancia.
Por último, de los 60 expedientes de pérdida de investidura fallados en primera instancia por el Consejo de Estado después de 2018, al menos 29 pasaron a segunda instancia, no obstante, uno permanece en estado de trámite y las 28 decisiones restantes fueron confirmadas por el alto tribunal.
Investigación y juzgamiento de congresistas ante el Consejo de Estado
Investigación y juzgamiento de congresistas ante la Corte Suprema de Justicia
