David tiene 17 años. Esta semana fue capturado por la Policía cerca del Centro Comercial El Tunal por robar un celular. Lo hizo por necesidad, dice. Su mamá vende dulces en la calle y él a veces la acompaña lustrando zapatos. Otras, permanece en la calle y en los ratos libres fuma marihuana con sus amigos.
La historia de este joven se multiplica en las calles de Bogotá. Por eso, no es de extrañar que muchos de ellos terminen retenidos por la Policía e involucrados en delitos que van desde el simple hurto hasta el homicidio.
Diariamente, llegan al Centro de Servicios Judiciales de Puente Aranda (Cespa) entre 20 y 25 adolescentes capturados por las autoridades. Es uno de los dos centros de internamiento preventivo. Pero el sobrecupo ya lo desbordó.
“No hay dónde ubicarlos -afirma el comisario Víctor Velásquez, jefe de la Unidad Judicial para Adolescentes-. De 92 cupos disponibles, atendemos a 120. De 10 muchachos que ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, cuatro o cinco quedan en libertad y el resto en internamiento, pero no existen lugares dónde dejarlos”, .
Al Cespa llegan los jóvenes en calidad de ‘aprehendidos’. En el último mes y medio está recibiendo a los adolescentes que no encuentran espacio en El Redentor, lugar en el que cumplen sanción, pues allí también hay sobrecupo: 381 jóvenes están siendo atendidos en un espacio para 340.
Por eso, muchos de ellos tienen que dormir en el piso. Son 36 horas desde que llega el adolescente al Cespa hasta que el Juez determina si se le deja o no en libertad.
Según el comisario Velásquez, el sistema no da abasto en Bogotá.
“Nos llegan muchachos a las 2 o 3 de la mañana, se dejan a disposición de la Fiscalía y amanecen diariamente cinco o seis de ellos sentados en el piso, en los pasillos, porque no tienen un sitio digno para quedarse mientras se realiza la audiencia y el Juez decide qué medida se les aplica”, dice.
‘Sobrecupo, no hacinamiento’
Desde marzo de 2007, han ingresado al sistema penal en Bogotá 10.335 adolescentes, de los cuales 4.066 se han ido a internamiento preventivo. Hay jóvenes que han entrado hasta 10 veces, según Velásquez, y la reincidencia es motivo de privación de libertad.
Margarita Cortés, subdirectora del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), afirma que sí hay sobrecupo pero no hacinamiento.
“El Instituto no recibe adolescentes si no existe una cama dónde acostarlos. En el Cespa, particularmente, le hemos pedido a la Policía que no acueste a los adolescentes en el piso; si el adolescente llega a las 2 de la mañana y no hay cupo en el transitorio, se le dice que lo tenga en etapa de espera mientras pasa por todo el proceso y que a las 6 de la mañana les permita el ingreso al centro para que se duche y participe en las actividades del día”, asegura Cortés.
“Precisamente, -responde Velásquez- para evitar este hacinamiento, no los dejan entrar. Pero insisto, ¿dónde se dejan?”.
El cuello de botella, a juicio de Cortés, está en el nuevo Código que diseñó sanciones más estrictas y no previó cómo iba a ser la movilidad, “la infraestructura que estaba no dio abasto”, añade la funcionaria del Icbf.
David también terminó en el Cespa. Durmió en el suelo. Al final le dijeron que no podían recibirlo ni darle comida. Finalmente, quedó libre.
Soluciones a corto plazo
El ICBF planea crear 120 cupos en el centro de internamiento preventivo Luis Amigó, cercano al Redentor, donde hay 27 adolescentes mujeres privadas de la libertad. Estas serían llevadas a un centro de protección cercano, que funciona en un lote denominado El Puente. Los niños que están allí serán trasladados.
“Estamos haciendo una labor con jueces y fiscales para revisar medidas, por ejemplo, adolescentes que cumplen sanciones de 3 años y llevan 2 años y medio, podrían estar preparados para una medida de libertad asistida. Haremos un estudio juicioso”, afirma Margarita Cortés, subdirectora del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del ICBF.
