El funcionario del ministerio público hizo el comentario tras señalar que otra vez fue relevado el fiscal que llevaba la investigación.
Además reveló que los primeros llamados a declarar en ese proceso, 19 años después del crimen, son los escoltas; en cuanto a los extraditables Hernando Gómez, alias Rasguño, y Samuel Santander López-Sierra, alias el hombre Malboro, Jaimes dijo que se están procurando tramitar sus declaraciones.
Según Jaimes, quien fue nombrado como procurador especial para este caso, el procurador Alejandro Ordoñez ha pedido continuidad para estas y otras investigaciones, ya que la investigación tiene 1.500 cuadernos y 300 folios que ahora deberá conocer el nuevo fiscal que asuma el caso: “Lo que conozco es que el fiscal Francisco Villareal, al que estaba hace dos semanas en la investigación, ya no está, y venía llevando una buena dinámica de la investigación, ya que había decretado con diligencia unas pruebas”.
Para el procurador delegado Jaimes un proceso se puede impulsar con diligencia y con buen juicio, pero “cuando no se da continuidad sucede lo contrario, se erradica la justicia colombiana desde el punto de vista normativo”.
Testimonios
El ministerio público había anunciado que llamaría a declarar a los extraditables López-Sierra y Gómez para indagar sobre nuevas hipótesis que se han ventilado dentro de la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez.
En la decisión, el procurador Ordóñez ordenó dinamizar los procesos en los que la justicia no ha sido pronta y eficaz.
Por estos hechos, las autoridades ya recibieron una declaración del ex ministro Fernando Botero, quien fue el primero que aseguró que la muerte de Gómez es un crimen de Estado. Con base en esa información y otros elementos, la Procuraduría le está pidiendo a la Fiscalía que, al igual que en caso del asesinato de Luis Carlos Galán, declare el caso de Gómez como un crimen de Estado.
Botero fue ministro de Defensa hasta cuatro meses antes del homicidio de Gómez.
La declaración de Botero podría ser una pieza fundamental que podría darle un giro a la investigación por la muerte de Gómez, registrada el 2 de noviembre de 1995, al norte de Bogotá.
Sin embargo, hasta ahora lo que ha podido establecer EL NUEVO SIGLO es que lo dicho por Botero a la comisión que lo entrevistó es todavía muy vago y se basa en documentos que supuestamente están en su poder, pero que dice no saber en donde los tiene guardados.
Por o pronto, la Procuraduría dice tener información para pedir a la Fiscalía que avance en el tema probatorio por el magnicidio de Gómez, planteando que debe ampliarse la investigación y que personas que en aquella época se desempeñaban como funcionarios del DAS, miembros de la Policía o militares de la Brigada XX deben dar algunas explicaciones a las autoridades.
