En las pasadas legislativas hubo cientos de denuncias de delitos electorales, que fueron remitidas por el Gobierno a los organismos pertinentes, pero hasta la fecha no se conocen resultados de las investigaciones.
Por eso, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, sostiene que el país debe tener con prontitud claridad absoluta sobre lo que pasó el domingo 14 de marzo, pues la sensación generalizada es que hubo demasiado fraude.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el ministro Valencia Cossio también habló sobre la reforma a la Justicia, de la cual espera recibir mañana la propuesta elaborada por una comisión de expertos de la rama judicial.
Hubo muchas denuncias de irregularidades en las pasadas elecciones. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Interior frente a esta situación?
“Las denuncias que hay son múltiples y muy graves. La reforma política plantea la pérdida de la curul para el congresista y el partido, además de otras sanciones muy severas en el campo electoral y en el penal. También se sanciona al partido hasta con la pérdida de la personería jurídica y a los directivos que hayan permitido la ocurrencia de este tipo de hechos. Hay muchas denuncias, 300, que fueron tramitadas en la Uriel (Unidad de Reacción Inmediata Electoral) y en ella estamos todos los organismos del Estado: El Gobierno, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y el Ejército. En la opinión pública hay mucha preocupación porque hubo denuncias, pero hasta ahora no hay responsables ni hay decisiones, y eso, sumado al hecho de que hasta ahora no haya total claridad sobre el resultado electoral, es supremamente grave”.
¿Por las denuncias recibidas, es posible que el Congreso que se posesiona en julio termine con más legisladores enredados que en la parapolítica?
“Uno nota en la opinión pública, en el Congreso, entre personas que no están vinculadas a los partidos, que hay cierto tufillo de mucho fraude. La gente dice: ‘en esta elecciones se movió demasiada plata’, ‘hay demasiadas denuncias de fraude’, ‘hay demasiados cuestionamientos sobre el registro, el conteo, la transmisión de los datos’. Por eso me parece muy claro que todo esto se aclare ante la opinión pública y las autoridades nos tiene que decir, si todas esas denuncias tenían fundamento, quiénes fueron los responsables, y si fueron denuncias temerarias, también lo deben decir.
Cualquiera sea la decisión de las autoridades, lo que es cierto es que al sistema electoral hay que refinarlo y evitarle intermediarios, porque en todo sitio donde hay intermediarios hay riesgo de fraude”.
Si está la reforma política y gran parte de la opinión reclamaba transparencia, ¿por qué quedó la sensación de que fue una campaña tan corrupta?
“Yo también siento ese tufillo, la angustia de la gente. Yo cumplí con mi deber, a través de la Uriel, cada vez que llegaban las denuncias, las pasaba a los órganos competentes. Por eso deberíamos empezar a tener resultados, porque la gente no está contenta ni tranquila. Algo pasó y tenemos que saber qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables. Y si no pasó nada, sino que fue simplemente una sensación, nos tienen que dar esa tranquilidad. No se en que porcentaje se produjo el fraude, si es que lo hubo. No es que esto invalide el resultado electoral, ni yo estoy poniendo en duda el resultado electoral. Lo que digo es que frente a esas denuncias y a la sensación que hay en la opinión, las autoridades deben dar una respuesta. Por eso tenemos que llegar muy rápidamente a un sistema que permita que el elector, con su huella, y en un sistema electrónico pueda cumplir con su deber de votar, y también que sea un sistema sencillo, porque un problema grave que hubo fue el del tarjetón, que fue muy mal elaborado, muy confuso, como se nota en el gran número de tarjetones anulados”.
¿Qué responsabilidad le cabe al Registrador en esta situación y en otros problemas presentados el día de las elecciones?
“No soy el juez del Registrador. Simplemente puse en conocimiento del Procurador y de la opinión pública hechos que conocí y que tenía que poner en consideración de las autoridades. Es muy importante que antes de las elecciones presidenciales se aclare totalmente cómo van a funcionar esas elecciones y que los organismos competentes nos digan si hubo fallas, quiénes son los responsables y cómo se deben enmendar las fallas”.
¿Qué papel cumple el Gobierno luego de las denuncias?
“De los organismos de control se nos requirió para preguntarnos si la contratación de la Registraduría había tenido el trámite que según la ley se debe surtir: pedir autorización al Consejo de Ministros para hacer la contratación directa. Realmente no hubo una consulta al Consejo de Ministros y de eso se le dio traslado al Procurador. El Presidente (Álvaro Uribe) y el Ministro del Interior solicitaron a las autoridades investigar todos esos hechos, que fueron de conocimiento público, casi que los organismos debieron haberlo investigado de oficio”.
Al Gobierno se le criticó porque denunció los problemas con la Registraduría, pero que no dijo nada frente a las denuncias de fraude y la elección al Congreso de personas sospechosas de estar relacionadas con la parapolítica.
“Eso no es cierto. Nosotros estábamos tramitando denuncias dos meses antes, todos los días y a toda hora, y todavía, en este momento, lo estamos haciendo. El Gobierno no es el que define si la elección estuvo bien o no, no hace el conteo, no dice quién quedó elegido, si hubo fraude o no. Eso le corresponde a las autoridades electorales, judiciales y a los organismos de control. La función del Gobierno sobre denuncias la ha cumplido durante tres meses”.
Y ante las denuncias sobre posibles irregularidades en la Registraduría, ¿eso implicaría que sea necesario el cambio de personas o de contratos?
“No. Eso conllevaría a que haya transparencia, claridad y tranquilidad. Lo que el Gobierno dice es: vamos a enfrentar unas elecciones presidenciales, les pedimos a los organismos del control del Estado que nos digan si esas condiciones, superado todo esto que tenemos, están dadas. Le pedimos lo propio a la organización electoral dentro de su autonomía y su independencia”.
La situación de la Justicia
¿Qué lectura hace usted de la decisión de la justicia sobre Rubén Darío Granda, señalado como presunto testaferro de las Farc?
“Es muy difícil, frente a todo lo que está sucediendo en el sistema penal acusatorio, el hecho de la valoración del juez. Hemos insistido, en reuniones con el Consejo Superior de la Judicatura, con jueces y fiscales, que en los casos en flagrancia, la manera como evalúa el juez la peligrosidad de la persona, los antecedentes, en unos casos lo deja libre y en otros le da casa por cárcel, es un tema delicado. Estamos muy preocupados porque eso lleva a que ocurran casos como el de alias ‘Kener’. Afortunadamente logramos recapturarlo y hoy está en una cárcel de máxima seguridad, donde siempre debió haber estado. Hace un mes le entregué al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía 211 casos iguales a los de ‘Kener’, de personas de alta peligrosidad que tienen casa por cárcel. En el caso de Granda, fue liberado por la valoración del juez. Aunque hay que respetar la autonomía del juez, la gente está un poco inquieta con ese aspecto valorativo. E inquieta también que, en casos similares, un juez valore de una manera y otro juez de otra manera”.
¿Por qué se presenta tanto esto?
“Todo esto indica que el sistema penal acusatorio necesita de una re-educación de los policías que hacen la captura, de la Policía Judicial, de los jueces. Insisto en que la justicia requiere de una reforma estructural. Tenemos la esperanza de que el lunes, el doctor Alejandro Bonivento nos entregue el proyecto que elaboraron académicos, ex presidentes de las Cortes, que por delegación del Gobierno constituyeron autónoma, libre e independientemente una comisión con ese fin”.
¿Que espera el Gobierno de esta propuesta de reforma de la Rama Judicial?
“El Gobierno no intervino absolutamente para nada en la temática porque cuando yo presenté el proyecto de reforma a la justicia, la retiré porque no fue aceptada por las Cortes. Por eso quiero saber qué es lo que quiere la justicia. No tengo ningún problema en que si esa reforma es la que necesita, que se tramite y salga, lo que me interesa es que Colombia tenga una justicia pronta y eficaz, una justicia al día, porque la de hoy está atrasada, congestionada, y la queremos autónoma e independiente, pero muy eficaz. Aquí lo fundamental no es si se crea o no el Ministerio de Justicia. El Gobierno no tiene objeción en este punto y si la Comisión considera que es necesario volver a crear ese Ministerio, se puede hacer. Pero aquí lo que se debe tener en cuenta es que, la normatividad vigentes establece, sea con el Ministerio de Interior y Justicia o con el Ministerio de Justicia, que éste participa en el diseño de la política, pero la administración de la justicia, como tiene que ser, la hace la rama. Pero lo estructural es cómo se administra la justicia. Y no estoy hablando sólo de cómo se maneja la plata, sino de administrar justicia: de las detenciones, del juzgamiento, de que algunos procesos no se demoren diez años o más”.
