En el texto de la iniciativa entró a hurtadillas un articulado que aumenta las garantías procesales a los congresistas, los faculta para votar aunque estén investigados y ablanda las normas que rigen la pérdida de su investidura.
Un caballo de Troya galopa en el Congreso. Diez de los 30 artículos de la reforma a la Justicia que avanza a todo vapor hacia su aprobación definitiva son, en realidad, un arma defensiva encubierta que los parlamentarios colaron en el texto legislativo para favorecer sus intereses y blindarse ante las posibilidades de ser investigados o perder su investidura.
Por esta razón, varios magistrados han calificado la propuesta como una retaliación del Congreso contra la Rama Judicial, después de las numerosas investigaciones y condenas de la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas. Para analistas como la Misión de Observación Electoral, el proyecto de reforma a la Justicia, que cambia la Constitución y al cual le faltan solo tres debates, se convirtió en una suerte de reforma política. Por el contrario, el presidente de la Comisión Primera, el senador liberal Luis Fernando Velasco, dice que tal afirmación es una exageración y que la reforma “busca equilibrar el poder”. El presidente Juan Manuel Santos ha defendido el proyecto, aunque reconoce que es insuficiente para resolver los problemas estructurales de la Justicia. El gobierno “no propone ni quiere vender la reforma constitucional a la Justicia como la panacea ni como la solución a todos los problemas que aquejan al Poder Judicial”, dijo hace poco.
Sin embargo, el hecho es que una tercera parte del articulado apunta a aumentar las garantías de los congresistas frente a eventuales investigaciones y su influencia sobre la Rama Judicial. Por eso, muchos se preguntan, con razón, si esos cambios en la Constitución son en realidad necesarios para acercar la Justicia al ciudadano y para hacerla más eficiente o para beneficiar a los padres de la patria. Estas son las principales ‘perlas’.
Cuidando la silla
Hoy en día, los congresistas investigados pueden ser detenidos, como cualquier ciudadano, de manera preventiva. Un parágrafo que se incluyó en el artículo 14 de la reforma a la Justicia, dice que solo podrán ser privados de la libertad “cuando exista resolución acusatoria, salvo que sean aprehendidos en caso flagrante”. En otras palabras, la Justicia no podrá detenerlos preventivamente y los partidos conservarán la curul hasta que se dé la captura (los parlamentarios querían inicialmente que esto ocurriera solo después de la condena, pero, por el escándalo que se armó, esta condición fue eliminada). Hoy, la Corte Suprema puede enviarlos a la cárcel sin que haya resolución de acusación; si se aprueba el artículo, la detención solo podría tener lugar mucho después.
Permiso para legislar
Según el articulado aprobado, la investigación contra los congresistas por faltas disciplinarias ya no estará a cargo de la Procuraduría. La reforma prevé la elaboración de un nuevo régimen disciplinario para los parlamentarios a través de un proyecto de ley. El problema es que los congresistas investigados podrían participar en la discusión del régimen de sanciones que se les va a imponer, pues un artículo dice que no “existirá conflicto de intereses” para que lo hagan. La figura es una extensión de una reforma aprobada el año pasado según la cual, cuando se trata de reformas constitucionales, los congresistas no tienen por qué declararse impedidos. En criterio del senador Velasco, “si no se incluye ese artículo no se podrían aprobar las leyes que reglamentan la reforma, pues hay muchos congresistas investigados”. Pero la salvedad, así sea solo para esta ley, sienta un precedente que no huele bien.
La ‘Súper Corte’
Otro artículo polémico es el que crea nuevas salas de la Corte Suprema: una para investigar a congresistas, magistrados de las altas cortes y otros altos funcionarios (los llamados ‘aforados’) y otra para juzgarlos. Para empezar, el articulado no es claro, pues estipula que esas salas no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena de la Corte. O sea que no se sabe si pertenecen o no a la Corte. Lo más preocupante es que los diez magistrados que integrarían la Sala de Investigación serían elegidos por la Corte Constitucional de ternas enviadas por el Presidente. Eso supone dos riesgos: que la Corte Constitucional quede envuelta en los enredos de la política (como ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia por su participación en la elección del fiscal) y que las cualidades de los magistrados encargados de investigar a los congresistas quedan en manos de la buena voluntad del mandatario de turno, que a su vez tiene una relación política con el Congreso.
Investidura de a poquitos
Otra parte polémica de la iniciativa es la que cambia las reglas de juego para la pérdida de investidura de los parlamentarios. Actualmente, la ley establece claramente cinco razones por las que el Consejo de Estado puede quitárselas: por votar una ley cuando está impedido, por no asistir a más de seis plenarias, por no posesionarse antes de ocho días después de instalado el Congreso, por destinar mal los recursos públicos y por tráfico de influencias. La iniciativa ahora en curso incluye el llamado “principio de proporcionalidad”, mediante el cual se abre la posibilidad de que el congresista reciba otro tipo de sanción, como la suspensión temporal por un máximo de seis meses. Otra ley -que también quedará en manos del Legislativo- definirá las causas y las sanciones de pérdida de investidura. Para completar, el articulado establece la doble instancia en estos procesos. Actualmente solo existe una.
¿Y la Disciplinaria?
La primera propuesta de reforma a la Justicia incluyó la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Las críticas contra esta corte eran principalmente contra su Sala Disciplinaria -la misma que está en el ojo del huracán por el escándalo del carrusel de las pensiones- debido a su origen político. Esta sala está integrada por candidatos postulados por el gobierno y elegidos por el Congreso.
Sin embargo, la reforma aprobada solo elimina la Sala Administrativa y mantiene la Disciplinaria. En el más reciente debate, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, expresó su desacuerdo, pero no pudo imponer su voluntad, como sí lo hizo con el retiro del artículo que fortalecía el fuero militar. Hay quienes consideran que la Sala sobrevivió porque es una especie de apéndice del Congreso en la que algunos parlamentarios tienen cuotas políticas.
“Songo sorongo”, como dice la canción, el proyecto de reforma a la Justicia está cerca de convertirse en ley. Pese a algunos reparos del gobierno, a la oposición de las Altas Cortes y a la lluvia de críticas, el caballo de Troya que introdujeron los congresistas a quienes favorece galopa sin freno, impulsado por las mayorías santistas. “Se ha demostrado que no hay tal descongestión ni mejoramiento de la Justicia en la reforma. En el fondo, lo que busca, la verdadera nuez, es cambiar el régimen de juzgamiento de los congresistas. Lo demás es paja”, concluye el senador Parmenio Cuéllar, del Polo.
La moraleja de esta historia puede ser, como a menudo sucede en política, una irónica frase que Maquiavelo le habría dicho a Montesquieu en el infierno, según un relato de Maurice Joly, de 1864: “¿Crees que los poderes permanecerán por mucho tiempo dentro de los límites constitucionales que les asignasteis y que no llegarán a traspasarlos?”. Todo indica que los parlamentarios colombianos ya respondieron la pregunta.
