El gobierno anuncia su intención de eliminar esta Corte. El Consejo de Estado y la Fiscalía se oponen, mientras el Congreso insiste en mantener la sala disciplinaria. El presidente Santos convocó a un encuentro de los tres poderes para llegar a un acuerdo.
Tres posturas vuelven a enfrentarse en la reforma a la justicia. El nuevo enredo de este proyecto, que parece no tener un trámite armónico en el Congreso, se concentra ahora en el Consejo Superior de la Judicatura.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, confirmó lo que venía siendo un secreto a voces: la intención del gobierno es eliminar totalmente esta corporación. Incluso, si el Congreso no lo elimina, el gobierno renunciaría a la reforma a la justicia.
Las cartas las destapó Esguerra hace dos semanas en el quinto debate de la reforma. Allí le pidíó a la Comisión Primera del Senado eliminar el CSJ, pero no consiguió su objetivo. Sin embargo, el ministro de Justicia inició una batalla mediática para conseguir este propósito.
La postura del gobierno choca con la del Consejo de Estado y la de la Fiscalía general de la Nación. Estas dos instituciones se oponen a que las dos salas del CSJ se eliminen. Incluso, el fiscal Eduardo Montealegre, dijo que si la reforma a la justicia elimina esta corte, “estaríamos ante una flagrante sustitución de la Constitución”.
La posición intermedia es la que ha defendido el Congreso en los cinco debates que ha superado el proyecto: eliminar la Sala Administrativa y mantener la Sala Disciplinaria del CSJ.
En el Congreso, quienes se oponen a la eliminación del CSJ dicen que en las regiones la labor administrativa ha permitido que los despachos judiciales, a pesar de la lógica congestión, se hayan acoplado a los nuevos desafíos que supone la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Más allá de los argumentos, esta nueva controversia pone en aprietos al proyecto, que no tiene el tiempo suficiente para superar los tres debates que aún le restan a su trámite.
Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador), ponente de la reforma, dice que estas posiciones se tienen que resolver antes del miércoles, para que el proyecto supere esta misma semana su quinto debate, el cual tiene lugar en la plenaria del Senado.
Ante este nuevo inconveniente, el presidente Juan Manuel Santos anunció que buscará un encuentro con los presidentes de las Cortes, del Senado y de la Cámara de Representantes para tratar de encontrar un último acuerdo sobre la reforma.
“Quiero hacer una invitación, como Jefe de Estado, a las Cortes y al Congreso para que nos reunamos en cualquier momento y tratemos de buscar que esa Reforma, si no puede satisfacer a todo el mundo, que por lo menos tengamos la posibilidad de exponer los puntos de vista en forma respetuosa y de tratar de buscar la mejor Reforma posible para nuestra democracia”, manifestó Santos este lunes.
La postura del gobierno
El ministro Juan Carlos Esguerra reiteró que el gobierno está “absolutamente convencido” de reemplazar un Consejo de la Judicatura “porque ha resultado ineficiente, muy inferior a las expectativas y le ha dado tan malas noticias a los colombianos a lo largo de los años, pero sobretodo en los últimos tiempos. Es necesario que allí se efectúe una re-ingeniería gruesa”.
La propuesta del gobierno es que el CSJ sea reemplazado, en la parte administrativa, por una Sala de Gobierno que estaría compuesta por los presidentes de las Cortes (Constitucional, Consejo de Estado y Suprema de Justicia), unos delegados suyos que deben ser conocedores y expertos en temas de administración y en temas gerenciales, unos delegados también de los magistrados del tribunal de los jueces, y de los empleados judiciales.
Esa Sala de Gobierno debe hacer las veces de una junta directiva y poder designar un gerente.
En cuanto a la Sala disciplinaria, el gobierno pretende suplirla por un consejo disciplinario que estaría integrado por cinco magistrados, dos postulados por el Presidente de la República, y tres por la Sala de Gobierno de la rama judicial que el proyecto crearía. El Congreso seguiría eligiendo a estos magistrados.
Este consejo disciplinario tendría a su cargo el control de carácter disciplinario de los jueces de la República.
Para disciplinar a los empleados judiciales, la idea del gobierno es que la Procuraduría asuma la competencia sobre ellos.
Y frente a la disciplina de los abogados, el ministro Esguerra defiende la tesis de que se cree un gran Colegio Nacional de Abogados, que hoy no existe.
