En un mes reiniciarán en el Congreso los debates del polémico proyecto. El gobierno emprende una ofensiva para que se apruebe por consenso, mientras las altas cortes apuestan por evidenciar “la ineficacia” de la reforma.
Que en junio próximo se apruebe la reforma a la justicia, es un escenario muy previsible. El enredo es cómo se apruebe el que sigue siendo el principal objetivo de Juan Manuel Santos en el Congreso.
El gobierno tiene dos caminos. Aprovecha el ‘control’ que tiene sobre casi el 90 por ciento del Congreso y hace aprobar la reforma, o se la juega para que las altas cortes vuelvan a la discusión.
El primer camino es posible. Incluso, el pasado 8 de febrero, después de que el Consejo de Estado (vocero de la rama judicial en la discusión) manifestara que seguiría ausente del debate, el editorial del diario El Tiempo planteó esa posibilidad: “… Es momento de aceptar el escenario de una aprobación (de la reforma a la justicia) sin la concertación con las cortes. Ellas mismas, no hay que olvidarlo, decidieron dar el portazo”.
Si eso pasa, ese principio constitucional de la armonía de los poderes podría ser el principal vulnerado. Porque la lectura que dejaría es que la reforma sería diseñada por el ejecutivo y el legislativo, e impuesta al poder judicial.
El segundo camino es más complejo. Significa llegar a un consenso con las cortes, un empeño que al gobierno le ha supuesto 18 meses sin conseguir mucho, o nada.
La estrategia del gobierno
La ofensiva del gobierno, para llegar a ese consenso, ya empezó. Incluye, por un lado, el diálogo con las altas cortes. Una responsabilidad que no es exclusiva de los ministros de Justicia e Interior, sino que tiene en el presidente de la Cámara, y jefe único del Partido Liberal, Simón Gaviria, a uno de sus protagonistas.
Precisamente, Gaviria dice que al presidente Juan Manuel Santos “sólo le sirve” una reforma a la justicia concertada con las altas cortes. “El presidente Santos es el más interesado en que este trámite de la reforma se haga de cara al país”, dice.
Gaviria ya empezó esa tarea. Porque, dice, hay que “recuperar la calificada opinión de las cortes, es un compromiso del Partido Liberal y de todos los partidos de la Unidad nacional”.
El jefe del Liberalismo inició diálogos con los presidentes de las altas cortes, pero encontró un terreno complejo.
Porque el ambiente que se percibe en la rama judicial es que el proyecto se ha convertido en una revancha del Congreso contra el poder judicial. “Hay que rechazar la percepción de venganza y que la reforma se concentre a favor de los ciudadanos, mejorar su acceso a la justicia”, dice Gaviria.
Mientras estos diálogos avanzan, el gobierno empezará otra estrategia: socializar la reforma a la justicia en las regiones, con la academia, y el poder judicial local, siempre en busca de respaldo. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tiene esa misión y este jueves la inicia en Ibagué. Bogotá, Cali y Cúcuta serán los próximos escenarios.
La estrategia de las cortes
Pero las cortes no se quedarán quietas. De hecho, aplicarán una estrategia similar para exponer sus temores frente al proyecto que avanza en el Congreso y que está a solo cuatro debates de convertirse en reforma constitucional.
Liderados por el Consejo de Estado, convocarán a un foro nacional, programado para los días 14 y 15 de marzo en Bogotá, con el sugestivo nombre de “Foro para la Defensa de la Constitución”.
A él asistirán organizaciones sociales, agremiaciones de justicia, académicos y empresarios. La tesis que defenderán las cortes es que la reforma a la justicia “es una sustitución de la Constitución del 91”, porque, a juicio de ellos, “afecta el sistema de pesos y contrapesos consagrado en la carta política”, tal como lo afirmó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, en entrevista al diario El Espectador, publicada el 15 de febrero.
“… nos preocupa la reforma a la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo para crear salvaguardas que impiden que el Poder Judicial pueda controlarlos”, explicó Gómez.
A ese encuentro también fueron invitados los ponentes de la reforma a la justicia de Senado y Cámara. El propósito de las cortes es que los parlamentarios también fijen sus posturas, pero “en un escenario neutral”, aunque dicho foro tiene aires de que los magistrados podrían jugar de local.
Porque las altas cortes, además, no olvidan el “mal trato” que recibieron por parte del Congreso durante los tres debates en que decidieron participar. Primero, no le dieron espacio al proyecto de reforma que el Consejo de Estado radicó. Y en los debates de comisión y plenaria del Senado, solo les otorgaron la palabra cuando los artículos ya estaban aprobados.
La mediación de la academia
De forma paralela, la academia también tiene su propia estrategia. Sentar en la misma mesa al gobierno, las cortes y el congreso, y punto por punto, abrir otro espacio de discusión, pero sin el calor de las discusiones propias del Capitolio.
La Corporación Excelencia en la Justicia y el Instituto Ciencia Política presiden el escenario que ya tuvo su primer capítulo. Allí hay un “diálogo horizontal” entre los representantes de las cortes, el ministro de Justicia, y los ponentes del proyecto.
¿Qué harán los partidos políticos?
Los partidos políticos, que tendrán la última palabra sobre el proyecto, parecen cambiar de estrategia. Si bien, el año pasado le dieron trámite a la reforma, al aprobarlo en cuatro debates, fue con el ánimo de salvarle el proyecto al gobierno, pero con una condición: que en los cuatro debates restantes la discusión sería más profunda.
Hace poco, Juan Lozano, presidente del Partido de ‘la U’, le hizo una especie de advertencia al gobierno. “Si no cambia la fórmula para fijar el presupuesto de la rama judicial, ‘la U’, y los otros partidos de la Unidad Nacional, se condicionaría el respaldo al proyecto”.
En diálogo con Semana.com, Lozano insistió que el tema presupuestal no es el único. Y es que la propuesta del gobierno de dotar de funciones jurisdiccionales a abogados particulares y notarios, no tiene pleno consenso en los partidos políticos, y mucho menos en las cortes.
Porque, por ejemplo, los notarios son disciplinados por un superintendente, cuyo superior jerárquico es el propio gobierno. Es decir, el temor es que la justicia pase a manos del Ejecutivo. Por eso Lozano le exige al gobierno que determine cuáles serán las causas que hoy están represadas en la justicia y que pasarían al conocimiento de particulares.
Ese es el camino de espinas que le espera a la reforma. Sobre el papel, todo apunta a que el gobierno tiene cómo aprobar el proyecto. Pero necesita de la presencia de las Cortes para entregarle mayor legitimidad, porque, como dijo un congresista, “la legitimidad social de la reforma a la justicia es precaria”, y cambiar esa percepción es el principal reto del presidente Santos.
