“Hay que mirar con cuidado si la supresión del CSJ es el instrumento adecuado para lograr la finalidad de la reforma, que es garantizar el acceso real a la Justicia y la descongestión. No sabemos hasta qué punto va a beneficiar el funcionamiento del aparato en sí mismo”, advirtió Álvarez ayer en la prensa radial.

Escobar Henríquez también manifestó a la agencia de noticias Colprensa su desacuerdo con “la desaparición” del organismo.

Pero ¿cuáles son los cambios en el CSJ que propone el Gobierno Nacional?

La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia y secretaria técnica de la Comisión de Expertos del Gobierno, Gloria María Borrero, explicó a este diario que las reformas abarcan las dos salas que hoy componen el CSJ: la Administrativa y la Disciplinaria.

La primera sería remplazada por un Consejo Superior Judicial integrado por los presidentes de las Altas Cortes, sus delegados y un delegado de magistrados y jueces. En dicho órgano estarían presentes tanto el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Justicia y el Gerente de la Rama Judicial, quienes tendrán voz pero no voto en las decisiones.

“El CSJ no tenía representación de las cortes. Esto se corrige dándole entrada a los presidentes de las Cortes al organismo. Además, llegaban allí ex magistrados de tribunales y de cortes, y no personas especializadas y con experiencia en políticas públicas y en la administración de Justicia. La reforma trata de corregir eso nombrando tres delegados con experiencia amplia en esos temas”, dijo Borrero.

Frente a la sala Disciplinaria, Borrero explicó que la propuesta que hace el Gobierno es que la disciplina de los jueces del país pase a la Procuraduría (tal y como estaba antes de la Constitución de 1991), y que las altas cortes se disciplinen entre sí.

“Al desaparecer la sala disciplinaria, desaparece uno de los factores que producía bastantes choques de trenes. Además, nunca se han disciplinado las altas cortes, todo pasó por la comisión de Acusaciones de la Cámara, que no cumplió a cabalidad con su objetivo”, explicó Borrero.

Concertación o contundencia

Aunque el analista político y constitucionalista Juan Manuel Charry celebra la propuesta del Gobierno, que para él también se acerca a una supresión, está en desacuerdo con que los magistrados de las cortes se juzguen entre sí: “Eso va a generar una solidaridad, donde los unos no juzgarán a otros. Hay que mejorar las condiciones para que el Congreso lo siga haciendo, y si éste no lo hiciera, debe ser un órgano autónomo e independiente, que los pueda juzgar sin tener el contrapeso de yo lo juzgo a él y él me juzga a mí”.

Charry también consideró que el Gobierno no puede sentarse a concertar con el órgano que se piensa suprimir, “porque lo lógico es que el organismo, por una ley fundamental de administración pública, tienda a justificar su existencia. No me extraña que el presidente del Consejo Superior diga que hay que revisar el tema”.

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Las reformas en el CSJ son solo el inicio

“Esta reforma no resuelve los problemas de la Justicia pero hay que empezar por ella, este es el primer paso. Hay que modificar algunas cosas de la Constitución para dar paso a las reformas y promocionar el acceso a la justicia y mejorarlo. En mi criterio, el problema de Colombia no es la falta de acceso a la Justicia sino el desconocimiento de las personas de sus derechos. Para los pobres que son los que más se ven afectados, la Justicia es lenta y costosa. Si usted no cambia, si usted no tecnifica y si usted no mejora las personas que diseñan las políticas públicas de Justicia para que allá lleguen los entendidos, la situación no va a mejorar”, dijo Gloria María Borrero, secretaria de la Comisión de Expertos del Gobierno.