El pasado nueve de junio, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien cumplía funciones de Ministro Delegatario, le dio el visto bueno a la cuestionada medida. Con la iniciativa, el Fiscal General estará habilitado para solicitar la terminación o suspensión de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales.
Se espera que el principio de oportunidad ponga punto final al limbo jurídico en el que se encuentran 19.000 paramilitares rasos desmovilizados. Uno de los principales promotores de ley fue el Fiscal General, Mario Iguarán, quien ha dicho que la aplicación de la medida permitirá desmantelar bandas criminales.
De la misma manera, el comisionado de Paz y Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, ha asegurado que “el Estado está cumpliendo y esto es un buen precedente, no solamente para este proceso de paz, sino para futuros acuerdos que se hagan con grupos ilegales”.
Según el texto de la ley, la condición para recibir los beneficios es que no hayan sido jefes de grupos armados ilegales, cometido delitos de lesa humanidad, estar relacionados con el narcotráfico, y que no hayan reincidido después de la desmovilización. “la Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos en los que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad”, señala la norma.
CONDICIONES
Según el texto de la ley, la condición para recibir los beneficios es que no hayan sido jefes de grupos armados ilegales, cometido delitos de lesa humanidad, estar relacionados con el narcotráfico, y que no hayan reincidido después de la desmovilización.
