La iniciativa también apunta a ahorrarle dinero al Estado. Según el Procurador, el proyecto busca dar cabal cumplimiento a la ley que modificó la Norma Estatutaria de Administración de Justicia. Dicha disposición le confirió a la Procuraduría la función de ser conciliador y convirtió ese oficio en un requisito obligatorio de procedibilidad.
“Eso que quiere decir que todas las demandas que se presenten hoy ante la jurisdicción contenciosa administrativa y que pretendan indemnizaciones deben surtir un trámite conciliatorio previo a cada demanda y el único órgano que puede hacer eso es la Procuraduría.
“Este año tendríamos que hacer 120.000 diligencias de este tipo de conciliación y eso ha creado una parálisis de una parte la jurisdicción contenciosa, porque nosotros estamos sin la posibilidad real de cumplir con esa nueva función legal”, afirmó el Procurador.
“Hay que resaltar que por intermedio de este proyecto de ley se promoverá la cultura de la conciliación. Con la oportuna solución de conflictos entre el Estado y los administrativos se dará satisfacción a las partes, se reafirmará la credibilidad en el Ministerio Público y se reconstruirá el tejido social, pues la conciliación es una forma de respetar los derechos”, enfatizó Ordóñez Maldonado.
El proyecto, que iniciará su trámite legislativo a través de la Comisión Primera del Senado, está soportado por un estudio técnico realizado con la ayuda de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). Dicho análisis está sustentado, por un lado, de forma jurídica el cual está centrado en la conciliación en materia administrativa y los beneficios para esta institución. Y por el otro, fundamentado a través de aspectos técnicos y económicos.
La Republica / 05 de mayo de 2009
