Bogotá, 12 de mayo de 2026. La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— manifiesta, una vez más, su absoluto rechazo ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en las cuales descalifica la función jurisdiccional y solicita denunciar penalmente por el delito de prevaricato al magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya Escobar.
Esta solicitud se produce tras la decisión de la Sección Segunda del alto tribunal de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026. Para esta Corporación, la desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales. Por esa razón, solicitará medidas de protección especial en favor de la Rama Judicial y del Magistrado Bedoya Escobar ante la CIDH y ante la Relatoría para la Independencia judicial de Naciones Unidas.
De igual forma, y con pleno respaldo a la postura asumida por Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la CEJ señala que, de acuerdo con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, la administración de justicia es independiente y sus decisiones solo están sometidas al imperio de la ley. El desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares.
Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos, por ello la CEJ insta nuevamente al Gobierno Nacional a seguir el camino de la racionalidad institucional y a retomar la senda del respeto por las reglas del Estado de Derecho. Las discrepancias jurídicas deben tramitarse a través de los recursos procesales que la ley prevé y no mediante la estigmatización pública en redes sociales o en discursos oficiales.
La CEJ reafirma que no hay causa más importante para la sociedad colombiana que defender la independencia de los jueces. La justicia no puede ni debe estar para complacer al poder político, pues una de sus funciones fundamentales es, precisamente, evitar sus abusos y garantizar la estabilidad del orden jurídico nacional.
