Bogotá, 7 de febrero de 2024. El día de ayer, 6 de febrero, siete integrantes del antiguo Secretariado de las FARC-EP suscribieron una carta dirigida al Presidente Gustavo Petro, por medio de la cual manifestaron que la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— se estaría convirtiendo en un actor que incumpliría con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.
Conforme a estas consideraciones, para la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ—, resulta inadmisible que los firmantes de paz y los comparecientes, así como cualquier ciudadano, señale cómo la JEP debería cumplir con su mandato constitucional, teniendo en cuenta que para ello existen mecanismos procesales e instancias al interior la corporación. No pueden entonces los procesados utilizar a la jurisdicción como un cajero automático que profiere sus decisiones acordes a lo que pretende el solicitante.
En este sentido, la CEJ considera que atribuir el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes al actuar de la JEP resulta irresponsable, como bien lo señaló el presidente Roberto Vidal el día de hoy, y mucho más si se habla de reincidencia e incumplimiento a las obligaciones al régimen de condicionalidad, que debe cumplirse para obtener los beneficios que ofrece el sistema de justicia transicional.
La CEJ reitera su apoyo irrestricto a la autonomía e independencia de la que gozan todas las corporaciones judiciales, incluida la JEP. Adicionalmente, recuerda que cualquier desacato o vulneración de esos principios fundamentales podrán ser denunciados ante organismos internacionales, como la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—.
