Bogotá, 10 de octubre de 2022. A continuación, reproducimos la columna del director ejecutivo de la CEJ, Hernando Herrera Mercado, escrita para Ámbito Jurídico.
El “entreguismo” legislativo que impera en nuestros países y que ratifica el manido y nada original dicho de que los congresos latinoamericanos son apéndices de los gobiernos de turno impone que, a fin de evitar la configuración de autocracias o de totalitarismos, los otros poderes públicos deban ejercer reales contrapesos institucionales. En esa misión, reforzada además por el atributo de su independencia, a la Rama Judicial le está asignada una función prevalente en defensa del marco constitucional y del Estado de derecho. De allí que proteger la justicia frente a los coqueteos, presiones o intimidaciones de los otros poderes se convierta en materia esencial para preservar la institucionalidad y evitar su caótico desbalance.
Nuestro continente conoce las artimañas de regímenes que, para consagrar su absolutismo, le metieron la mano a la justicia o convirtieron en meros amanuenses a jueces y cortes (“pichicortes”, como les dicen los ecuatorianos). En el caso de Venezuela, por ejemplo, luego de que, en diciembre del 2015, la oposición obtuviera una contundente victoria en las elecciones parlamentarias que le daban el control del Legislativo, la mayoría chavista saliente aprobó el irregular nombramiento de 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo (todos de militancia oficialista), para capturar ese órgano y convertirlo en una especie de sastrería judicial útil a la dictadura de Maduro.
Otra criticada intervención en la justicia se configuró durante el tristemente célebre episodio conocido como el “fujimorazo”, en Perú. Por el ilegitimo camino de esos “autogolpes”, el expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías también ordenó durante su gobierno la disolución de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, en Ecuador, el llamado “correísmo” intentó cooptar el sistema judicial con la toma del Consejo de la Judicatura, pretendiendo el direccionamiento de la elección de jueces y fiscales, o su intimidación, según reveló en su momento Human Rights Watch. A esta deplorable casuística se suma el escabroso expediente nicaragüense, donde el régimen de terror promovido por Ortega ha llegado a manipular a la justicia para lograr imponer condenas contra sus opositores por medio de absurdos juicios surtidos a “puerta cerrada” y soportados en el risible cargo de “propagación de noticias falsas”.
Los anteriores casos reiteran la importancia de preservar el principio de autonomía del sistema judicial y conducen a rechazar cualquier intento de injerencia en su contra, las ilegítimas pretensiones dirigidas a arrodillarla o los oscuros propósitos de reducirla a ser una simple arma contra adversarios. Consentir o admitir cualquiera de estas amenazas pone en riesgo la institucionalidad, por atentar contra el único bastión que, desde la perspectiva de la juridicidad, puede hacerle contrapeso a los desvíos o excesos de los otros poderes públicos.
Las anteriores líneas sirven de sustento a fin de ratificar el por qué radicalmente rechazamos la impúdica idea que se promueve desde el Congreso, para crear una Corte Electoral con magistrados elegidos por el legislador y que sustituiría a la Sección Quinta del Consejo de Estado (frente a la competencia para adelantar nulidades electorales) y a toda la Sala Plena de esa corporación (en cuanto al conocimiento de los procesos de pérdidas de investidura contra congresistas). Evidentemente, la concreción de la nociva aspiración, tal y como lo señaló el mismo Consejo de Estado al referirse al tema, sustituiría abruptamente la Constitución y quebrantaría el sistema de pesos y contrapesos, además asemejaría a Colombia a las perniciosas experiencias comentadas y, sobre todo, en tratar de imponer magistrados de bolsillo para definir las causas que interesan a la clase política, en un evidente “amancebamiento” llamado a perpetuar conflictos de intereses entre tales elegidos y sus padrinos electores.
En alerta máxima está toda la justicia frente a las ansias de la clase política y en lo que originaría un franco retroceso institucional y lesionaría el Estado de derecho. Por supuesto, como ya lo ha venido haciendo, la Corporación Excelencia en la Justicia censura este estropicio institucional y advierte que, en caso de que se persista en el mismo, denunciará ante instancias internacionales este burdo atentado contra la Rama Judicial.
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