Bogotá, 9 de abril de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Colombiano. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
En Colombia, 1.238.178 noticias criminales terminaron su trámite en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). De ellas, solo 64.900 terminaron con un fallo condenatorio, es decir el 5 %, las demás fueron archivadas, precluyeron, se les aplicó principio de oportunidad, hubo una conciliación con acuerdo o un desistimiento, entre otras opciones que permite la ley.
La tarea del fiscal es demostrar la culpabilidad de las personas a las que acusa antes del juicio oral, a través de preacuerdos, aceptación de cargos, entre otras, o después de este; y el año pasado, con respecto al 2018, la Fiscalía logró 4.411 condenas menos.
Además, entre los argumentos para archivar las investigaciones se destaca la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo o pasivo de la conducta en 537.026 casos, es decir, la Fiscalía reconoce la imposibilidad, conforme a los recursos disponibles, de identificar a la víctima o al victimario. En 2019, este tipo de archivo se incrementó en 10 % comparado con 2018.
Ambos datos evidencian que la Fiscalía General de la Nación bajó su rendimiento en la vigencia pasada, sin desconocer las labores que la entidad realiza más allá del SPOA, como los procesos de extinción del dominio, justicia transicional, exhumaciones y muchas otras.
Consiente de ello, el ente investigador adelanta desde el año pasado un plan desde la Dirección de Políticas y Estrategia para llegar al “sistema ideal”, en el cual “la certeza de condena al ir a juicio es alta. Ello produce un incentivo para aceptar cargos, lo que a su turno permite concentrar recursos en lo que inevitablemente termina en juicio adversarial. Lo efectivo y eficiente es que pocos casos vayan a acusación directa y que, de ellos, también pocos terminen en absolución”.
Para ello está analizando cuáles son los delitos y las condiciones en las cuales es más difícil conseguir una condena, y cuáles son las condiciones que permiten, por ejemplo, que la Delegada contra las Organizaciones Criminales tenga un mejor comportamiento que el resto de la Fiscalía. Con un muestreo aleatorio de sentencias buscarán cuáles son las oportunidades de mejora.
Fallas del sistema
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, recordó que “a los colombianos se nos vendió el SPOA como la gran panacea. El entonces fiscal, Luis Camilo Osorio, decía que con ese sistema nos íbamos a ahorrar personal en la Fiscalía, que se iba a agilizar la persecución del delito y que se iba a tener más cobertura; pero con el pasar de los años eso nunca se cumplió”.
Dan cuenta de ello las 918.913 noticias criminales que se archivaron en Colombia en 2019. “Hay una inmensidad de casos en los que la Fiscalía no puede ni meter la mano porque no tiene ninguna información de la cual partir, que sirva como indicio siquiera para iniciar un proceso”, explicó Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general (e).
Arrubla y Mendoza coinciden en que el ente acusador cuenta con muy poca Policía Judicial que pueda conseguir suficientes pruebas para confirmar o cambiar las hipótesis de los casos. “Tenemos un policía judicial por cada fiscal, mientras en Estados Unidos pueden tener 10 agentes por cada fiscal”, anotó Arrubla.
Y los indicadores negativos se van acumulando. Según Mendoza, “hay exceso de trabajo en manos de cada fiscal. A cada uno se le asignan hasta 700 casos y cada uno debe estar suficientemente investigado para llevarlo ante un juez. Eso genera impunidad y desconfianza de la ciudadanía”.
En Colombia hay 10 fiscales por cada 100.000 habitantes (en 2018 hubo 4.955 cargos para un fiscal según Fiscalía), pero como sobre ellos recae la acusación de tantos casos, termina siendo insuficiente.
Sin embargo, en el informe de gestión de la Fiscalía se lee que entre los años 2011 al 2015 la tendencia de la congestión fue en promedio del 55%, es decir que si un fiscal tenía en su despacho 1.000 casos, al año siguiente recibiría 550 adicionales; pero desde el año 2016 la tendencia es del 9 %, el mismo fiscal el año siguiente solo tiene 91 casos más.
“Es un hecho que existen muchos casos en manos de cada fiscal, por eso se requiere una reforma que permita tener más funcionarios, sin exceder las posibilidades presupuestales”, manifiesta Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
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