En el evento, la CEJ presentó un balance general sobre el estado general de la implementación del sistema penal acusatorio el Colombia, poniendo de presente los retos pendientes en materia de eficacia y de garantías procesales. Un factor clave que ha afectado el cumplimiento de estos objetivos ha sido el constante aplazamiento y duración de las audiencias públicas, con las cuales se alargan los tiempos del proceso y se extiende la privación de la libertad de las personas cobijadas con medidas de aseguramiento.
Sin embargo, la CEJ también exaltó algunos avances que se han dado durante los últimos años, entre ellos, el nuevo enfoque de la investigación de la Fiscalía, que incluye el manejo estratégico de la carga de trabajo, a través de medidas como la intervención temprana de denuncias, la priorización y la agrupación de casos; así como el uso de herramientas tecnológicas que facilitan la interacción con el ciudadano y la persecución de la criminalidad organizada, lo primero, a través de la herramienta web “A denunciar” y, lo segundo, con el sistema Watson que empieza a implementarse en algunas seccionales del país. También destacó la implementación de la Ley 1760 de 2015, que busca la racionalización de la detención preventiva, pero sobre la cual se observan intentos de contrarreforma, como en efecto ya se hizo con la Ley de sometimiento de organizaciones criminales (Ley 1908 de 2018), que amplió el término máximo de la medida de aseguramiento hasta por cuatro años para algunas modalidades de la delincuencia.
En el panel participaron Máximo Langer de la Universidad de California, Claudio Pavlic, Pablo Hector González Villalobos
