La exmagistrada María Teresa Garcés analiza las causas y efectos del hundimiento del polémico proyecto. Cuestiona al Congreso, a los medios de comunicación y a las Cortes.
Si a alguien le debemos los colombianos la derrota de la reforma a la Justicia es a María Teresa Garcés Lloreda, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Viceministra y ministra (e) de Comunicaciones 1982-1984, y miembro honorífico de esa escasa minoría que hoy conforma la conciencia jurídica del país.
Esta caleña, con méritos suficientes para ocupar altos cargos en las Cortes, los Tribunales, el Ministerio de Justicia, alcaldías o gobernaciones, pero que, precisamente por su absoluta verticalidad y honestidad a rajatabla en todas las actuaciones privadas y publicas, nunca “estuvo en la foto” para acceder a cualquier nombramiento.
María Teresa, que jamás dice nada sin pensarlo muy bien y sin estar segura, con un sentido del humor británico y agudo se destapa en esta entrevista y sostiene, serena y triste, que “en Colombia la Justicia se convirtió en botín”.
¿Cómo operó la coalición ciudadana por la Justicia?
Desde que comenzó el trámite del proyecto, varias organizaciones no gubernamentales –entre otras, Viva la Ciudadanía, la Misión de Observación Electoral, Corporación Excelencia de la Justicia, Asonal Judicial– y algunos ciudadanos, decidimos trabajar unidos para hacerle seguimiento a los debates, durante los cuales sacamos comunicados y escritos, asistimos a audiencias en el Congreso, nos reunimos con los ponentes. A ello se sumó el interés de muchos comunicadores por el tema.
¿Cuál es su interpretación del “hundimiento” de la Reforma a la Justicia?
Fue un triunfo de la ciudadanía, lo que demostró que con un trabajo juicioso y organizado, los resultados de la participación y el control social pueden ser sorprendentes. Desde luego, el detonante para la decisión del Gobierno y el Congreso de archivar el proyecto aprobado, fue la convocatoria que hicimos de un referendo derogatorio, con el apoyo de las redes sociales y la recolección de más de 150.000 firmas para el registro del comité promotor.
Hundida la reforma ¿cuáles han sido los siguientes pasos?
Dado que la decisión del Gobierno de presentar objeciones de inconstitucionalidad y de inconveniencia a una reforma constitucional no tiene respaldo en la Carta, la Coalición tomó la decisión de presentar una demanda de inexequibilidad de la Reforma de la Justicia ante la Corte Constitucional.
¿Cuál es la importancia de que la Corte se pronuncie si ya el proyecto está archivado?
Porque podría dar origen a dos riesgos: que un presidente del Congreso la desarchive y publique, puesto que se encuentra aprobada, y que en el futuro pueda el Ejecutivo invocar este precedente para oponerse a decisiones del Constituyente, derivado en un contexto de confrontación. Sólo la Corte Constitucional puede decir si lo que hicieron el Gobierno y el Congreso es constitucional o no. Peor aún: si la reforma entrara en vigencia, como consecuencia de las demandas judiciales en trámite, un gran número de investigados por la Fiscalía, en cerca de 1.500 procesos, quedarían en libertad inmediata, según se expresa en las objeciones presidenciales.
Además, las investigaciones y procesos por presuntos delitos de congresistas, que adelanta la Corte Suprema, así como los que ha asumido el Consejo de Estado, por demandas de pérdidas de investidura, entrarían en un limbo jurídico. Para evitar un desastre institucional hemos solicitado a la Corte que asuma la competencia, porque aunque el Congreso ordenó su archivo, la validez de esta decisión es discutible y ha sido confrontada judicialmente; deja viva la posibilidad de que la reforma aprobada sea publicada y entre en vigencia.
¿Cómo es posible que tanto congresistas hayan reformado la Constitución en su propio beneficio?
El escenario se venía preparando desde hace más de un año, cuando aprobaron sin discusión pública alguna el Acto Legislativo No. 01 del 2011 que les había otorgado la facultad de reformar la Constitución en su propio beneficio, al eximirlos de perder la investidura, cuando deliberan y votan teniendo conflicto de intereses. Por eso votaron a favor de la reforma personas con investigaciones en curso, o que son parientes o llegaron al Congreso con los votos de investigados, encarcelados, juzgados o condenados.
A excepción de la renuncia del Ministro de Justicia, no han rodado cabezas en el Congreso, Gobierno ni en las Cortes, donde están los gestores de la reforma. ¿Seguirá todo igual?
El espectáculo que vimos de congresistas que dijeron no haber leído, o no haber entendido, o no haber captado los efectos de la reforma, o haber votado afirmativamente por ser de la coalición de Gobierno, o porque el Gobierno les dijo que votaran y, la ausencia de personas que hayan asumido su responsabilidad, retrató la mediocridad y la inmadurez de nuestros legisladores. Fue vergonzoso, también, que magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que participaron en el ‘carrusel’ de las pensiones o que hicieron ‘lobby’ para beneficiarse del aumento de la edad de retiro forzoso, no le dieran la cara al país y renunciaran. La palabra “renunciar” es exótica en nuestro medio; ya no existe el decoro ni la vergüenza, y la sociedad no exige responsabilidad ni rendición de cuentas.
¿Cómo vio el papel de la prensa en esta ocasión?
Hay que reconocer que los medios destapan muchas ollas podridas y en particular, columnistas valerosos que hacen denuncias. Pero el hecho de que una cultura mafiosa, oportunista, clientelista, cada vez tenga más cabida en nuestro entorno, hace que un escándalo entierre al del día anterior, y a pesar de darse hechos gravísimos, no tienen un desenlace como renuncias, destitución, condenas; parece que la sociedad se contentara con el escándalo.
Es así como al “elefante” se han ido agregando “orangutanes”, “micos” que no pasan de ser episodios de una gran novela de desmoronamiento de un país y de unas instituciones. Los medios deberían actuar con mayor responsabilidad y coherencia, exigiendo resultados.
¿Cuáles cree que son las fallas estructurales de la Justicia colombiana?
Defiendo la Constitución de 1991, pero eso no significa que la considere perfecta: desde la misma Asamblea advertí que algunos temas deberían reformarse. El problema es que ni el Gobierno ni el Congreso ni las Cortes, están interesadas en hacerlo. Un tema de fondo es el nombramiento de magistrados de las altas Cortes, en el que juegan muchos elementos, menos los méritos. El más claro ejemplo fue la convocatoria que hizo el Consejo de Estado para nombrar el reemplazo de Juan Carlos Henao, cuyo resultado fue que 74 candidatos cumplían los requisitos, ya que estos son mínimos, cuando a cualquier jefe jurídico de un ministerio o instituto se le exigen títulos adicionales al grado profesional y experiencia demostrada. Lo mismo podría decirse en relación con los cargos de Procurador, Contralor, Fiscal.
¿La Reforma a la Justicia garantizaba un mejor acceso de las personas a una justicia pronta y cumplida?
No, definitivamente no. En el fondo era una reforma política y en gran parte se refería al Congreso y llenaba de garantías y de privilegios a los aforados, para lo cual se creaban varias corporaciones e instancias. Más bien hubiera sido un obstáculo al ejercicio de ese derecho, al permitir el cobro del arancel judicial, que habría acabado con la gratuidad de la Justicia.
Entonces, ¿tampoco la reforma incluía la descongestión en los juzgados?
En ese aspecto la reforma habría conllevado un gran retroceso de la institucionalidad, al permitir la privatización de la Justicia, con la posibilidad de que abogados particulares, notarios y empleados tomaran decisiones, a costa de su calidad y transparencia.
Lo que más podría descongestionar sería la efectividad del principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre los formalismos, pero estamos lejos de practicarlo. Los programas de descongestión que se adelantan carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que hace que muchos expedientes roten de despacho en despacho, sin que se tomen decisiones.
¿Hasta qué punto ha sido violada la Constitución del 91?
La Constitución no solo ha sido violada sino manoseada, desmembrada, descuartizada, sin respetar su carácter fundacional y la estabilidad que debe caracterizarla.
Mencione algunas reformas que se justificaran realmente…
Son contadas las reformas que se han hecho en estos 20 años –37– que pueden considerarse positivas: entre ellas menciono la autorización para que Colombia adhiriera a la Corte Penal Internacional y la posibilidad de extraditar colombianos cuando cometen delitos en otro Estado.
¿Y las especialmente negativas?
Creo que la que más daño le ha hecho al país es la reelección presidencial, porque se desconoció la arquitectura de la Constitución, al crear un desbalance entre las ramas del poder. Por fortuna, y gracias a la Alianza Ciudadana contra el Referendo, y desde luego a la decisión de la Corte Constitucional, se enterró la segunda reelección, evitando así que el Estado se convirtiera en una típica república bananera, donde todo gira alrededor de un personaje todopoderoso.
¿Cree en la imparcialidad y rigor del procurador Alejandro Ordóñez, o padece del síndrome uribista de la reelección?
En el caso del Procurador también es nefasta la reelección porque para lograrla se ve obligado a realizar componendas clientelistas y a negociar con los senadores, con el Gobierno, con los magistrados. Aunque en algunos casos de corrupción el procurador Ordóñez ha procedido con determinación, hay otros donde no se le ha visto actuar. Además, es grave para quien representa los intereses de la sociedad, la confusión que ha demostrado entre creencias personales religiosas y el respeto por un Estado laico, y el poco acatamiento de sentencias de la Corte Constitucional.
Defina en dos palabras a las siguientes mujeres: la contralora Sandra Morelli, la exfiscal Viviane Morales, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y la procuradora para la Familia, Ilva Myriam Hoyos…
Sandra Morelli ha demostrado carácter y determinación como contralora, es una lástima que desde la Federación de Cafeteros no haya defendido las pensiones de los jubilados de la Flota Mercante Grancolombiana. Viviane Morales, como fiscal, tuvo liderazgo y actuó con energía en casos complejos; es una lástima su actuación hace unos años como parlamentaria en el caso Samper. Ruth Stella Correa es una jurista seria que por su larga trayectoria como juez y magistrada, conoce los problemas de la Justicia, por lo cual tiene condiciones para ser una buena ministra. Ilva Myriam Hoyos es una gran académica, pensante, profunda, con unas convicciones religiosas que determinan su criterio respecto del papel del Estado laico frente a las opciones personales, sexuales y familiares.
