Después de más de 10 años de intentos fallidos en el país, este jueves la plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó la Reforma Constitucional a la Justicia en el último de ocho debates en el Congreso de la República.

Según declaró satisfecho el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra al término de la sesión, esta reforma facilita para todos los colombianos que la justicia se haga presente: “para esos colombianos de a pie, o de alpargata, está abriéndose la puerta al acceso a la justicia” .

Entre los diversos puntos cruciales del articulado aprobado este jueves, se destaca la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, en adelante se crea un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.

Asimismo, se eliminó la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para dar paso a una Comisión de Aforados Constitucionales que se encargará únicamente de adelantar juicios políticos. Sobre el tema el Ministro aseveró, “eso de la Comisión de aforados va a resolver un montón de problemas y la eliminación de la Comisión de acusaciones es un paso muy importante en relación con temas que estaban a la espera de solución. Hay hoy en día mas de mil causas que están ahí en la Comisión de Acusaciones pendientes de que se tome algún tipo de medida que no se ha tomado”.

Otro de los puntos centrales de la reforma tiene que ver con la aprobación de manera transitoria y excepcional de las funciones jurisdiccionales a terceros, con el propósito de ayudar con la necesaria descongestión de despachos judiciales en Colombia. “Estamos convencidos de que con la ayuda de estos funcionarios, ciertos trámites por ejemplo los trámites de pequeños consumidores, trámites de pequeñas causas y que quieren acercar al ciudadano de a pie a la justicia, puedan desarrollarse con la ayuda de estas personas y van a desatrasar enormemente los despachos judiciales” expresó el Ministro Esguerra.

En este mismo sentido, la reforma contempla que en adelante, en cada municipio del país existirá al menos un juez y en cada departamento se dispondrá también de al menos un Tribunal. Sobre esta materia el alto funcionario agregó, “hoy más del 10 % de los municipios del país no tienen un juez y por consiguiente ahí no puede haber justicia, ¿cómo va a haber justicia donde no hay un juez? Eso se cambia por obra y gracia de esta reforma a la justicia cuyas bondades no se han visto suficientemente, falta desapasionamiento, falta algo de tiempo y empezarán a ir apareciendo florecitas en el potrero que demostrarán cómo la reforma es mucho más buena que menos buena”.

Haciendo énfasis en la descongestión judicial, Esguerra Portocarrero dijo que “si a esto le sumamos el nuevo Código General del Proceso tendremos un nuevo Estatuto de procedimiento, así que Estamos absolutamente convencidos de que esto va a significar una inyección de velocidad, una inyección de agilidad y eficiencia para la administración de justicia que debe producir efectos muy satisfactorios para todos los colombianos, para el colombiano de a pie, para aquel que con desespero veía que sus procesos se demoraban en resolverse hasta 10 años como venía ocurriendo. Los colombianos de a pie sufrimos con procesos que se demoran en los despachos judiciales, que tardan muchos años. Un capital humano con el que cuenta la república, suficientemente preparado, puede prestar ahora su concurso para eso”.

El texto aprobado garantiza en cualquier caso la autonomía de la rama judicial y crea la figura del Gerente de Administración Judicial. De la misma forma, le apropia recursos por un monto de 2 billones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario, lo cual debe redundar en el buen funcionamiento, eficiencia y eficacia de la rama. El titular de la cartera de Justicia y del Derecho enfatizó sobre este particular: “Gracias a un esfuerzo enorme del Gobierno se ha dispuesto que se hará un aumento porcentual de 2 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor durante los siguientes años para gastos de funcionamiento de la rama jurisdiccional del poder público. Pero además, y solo para inversión se están apropiando 2 billones de pesos. Nunca en la historia de la República de Colombia como con esta reforma, se le ha inyectado recursos y al funcionamiento de la rama jurisdiccional del poder público como ahora ¡nunca!”.

En cuanto al tema de los aforados y su juzgamiento, la reforma incorpora la doble instancia. La Corte Suprema de Justicia será quien investigue y juzgue a funcionarios que cuenten con fuero, como Congresistas, Procurador General de la Nación, Contralor General, Auditor General y Registrador Nacional del Estado Civil, Ministros, entre otros. Para el caso de los Congresistas, ellos podrán ser privados de la libertad cuando haya resolución de acusación en su contra o en casos de flagrancia. Sobre este punto, el ministro manifestó “Esta medida en el sentido de que se refiera a después de la resolución de acusación tratándose de personas que no están cobijadas por las ventajas del sistema acusatorio, sino que están en el viejo, a mi modo de ver es sensata”.

Con respecto al período de los magistrados de las altas cortes, este se amplía a 12 años y su edad de jubilación serán los 70 años. Esto se extiende a los actuales magistrados; pese a la manifiesta oposición del Gobierno, en cabeza del Ministro de Justicia y del Derecho quien reiteró “el Gobierno no está de acuerdo con la extensión del período a los actuales magistrados porque le parece que la reforma no puede tener nombres propios”.

El Ministro de Justicia y del Derecho, expresó finalmente su satisfacción y aclaró que es normal que se hayan suscitado polémicas y desacuerdos al respecto de la reforma que se aprobó y ahora deberá pasar a proceso de conciliación entre lo aprobado en Senado y Cámara. “Probablemente seguirá habiendo críticas de uno o de otro origen respecto de unas o de otras disposiciones. Eso pasa siempre con todas las normas jurídicas, con las políticas, con todo en la vina del señor pasa eso”.