A séptimo debate en la Cámara de Representantes pasará el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, luego de que ayer en la tarde la plenaria del Senado, aprobara en medio de algunas discusiones el proyecto.
El Senado dio su visto bueno a la iniciativa dando respaldo a las exigencias que en su momento pidió el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Se estableció que el presupuesto de la rama judicial será de 1.8 billones de pesos según se aprobó con el proyecto, que servirán para adquirir bienes y servicios hasta el año 2018.
Los congresistas dieron su voto a favor de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de dos nuevos organismos en su reemplazo; el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que será el encargado de investigar a los jueces y abogados; y el Consejo de Administración Judicial, que administrará los recursos de la Rama Judicial.
Dados los pronunciamientos hechos esta semana por los magistrados del Consejo de Estado y el retiro de este alto tribunal del debate, ayer en medio de la votación, se presentaron discusiones, gritos y mucho desorden, cuando algunos congresistas intentaron solidarizarse con el Consejo de Estado y hacer caso omiso a lo que se había pactado días antes con el Gobierno en la Casa de Nariño.
La calma retornó luego de que los presidentes de las respectivas colectividades llamaran al orden, logrando la totalidad de la votación a favor del articulado.
También conforme estaba previsto, se aprobó la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y se crea una Comisión de Aforados, conformada por juristas destacados del país, que se encargarán de recibir las denuncias que se hagan en contra del presidente y el vicepresidente de la República, fiscal general, procurador general y magistrados de las Altas Cortes.
Uno de los puntos más cuestionados por el Gobierno, fue el cambio en lo pactado en torno a la ampliación del período de 8 a 12 años de los magistrados de las Altas Cortes.
Se había concertado que esta ampliación iba a cobijar a los futuros magistrados y no los actuales.
Pero la proposición presentada por el senador Liberal Luis Fernando Duque, y que fue firmada por alrededor de 60 congresistas, cambió todas las reglas de juego.
En cuanto al controversial parágrafo del artículo 10, que habla de la reelección quedó en el texto final y solo aplicó para el acto legislativo del 2004 que autorizó la reelección presidencial, pues según los ponentes, si este se quita, como está redactado el artículo (“Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos”), podría generar que Álvaro Uribe, que sólo ha sido presidente una vez desde el 2004, pueda volver a lanzarse.
Igualmente se dio vida a la doble instancia en el Consejo de Estado para los parlamentarios, así como la sanción de suspensión hasta por seis meses de los congresistas, con el fin de que la pérdida de investidura no sea la única sanción que exista en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Se aprobó el artículo que les otorga facultades a notarios, abogados, centros de conciliación y otros funcionarios judiciales para fallar en procesos.
Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, otorgar este tipo de facultades ayudaría a descongestionar la justicia, que tiene más de dos millones de procesos represados.
