Senado y Cámara acordaron el texto definitivo que, más allá de establecer fórmulas para la descongestión y el acceso de los ciudadanos, eliminó varias causas para que los congresistas pierdan su investidura.
La reforma a la justicia, tal como la propuso el gobierno de Juan Manuel Santos, tenía el espíritu de descongestionar la justicia, acabar las tutelas contra sentencias para evitar el choque de trenes, y despolitizar la justicia, al suprimir funciones electorales a los magistrados de las altas cortes, terminó consagrando “amplias gabelas” para los congresistas, como lo denunció el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático.
A cambio, los actuales magistrados de las altas cortes terminaron siendo beneficiados porque la nueva norma establece que podrán mantenerse en su cargo por cuatro años más. Los actuales magistrados habían sido elegidos para un periodo de ocho años, ahora sed extenderán hasta que cumplan 12 años.
Esa es la lectura que en el propio parlamento le dieron al proyecto varios de los congresistas que votaron en contra de la reforma en el último trámite de la iniciativa. El Polo Democrático, el Mira, y varios parlamentarios del Partido Verde (como la representante Ángela Robledo), rechazaron la reforma por que terminó ocupándose solo del juzgamiento de los altos funcionarios.
La última gran polémica de la reforma fue las modificaciones a la sanción de la pérdida de investidura, es decir, la muerte política de los congresistas.
La reforma eliminó el régimen de inhabilidades como una causal de pérdida de investidura.
Las inhabilidades que establece la Constitución son las que impiden que los condenados en cualquier época por sentencia judicial puedan aspirar al Congreso, así como aquella que impide a los empleados públicos presentarse como candidatos al Senado o la Cámara si no hay renunciado un año antes a sus cargos.
Entre las inhabilidades también está contemplado que aquellos congresistas que hayan perdido su investidura por orden del Consejo de Estado no podrán aspirar de nuevo a un cargo en el Congreso de la República.
El Polo Democrático y varias organizaciones civiles anunciaron demandas de la reforma a la justicia, la cual fue calificada como “una sustitución” de la Constitución del 91. además de las demandas, también se promueve un referendo que elimine los efectos de las enmiendas constitucionales aprobadas por el Congreso.
