Por orden directa del general Óscar Naranjo, la Policía está utilizando la tecnología del polígrafo con sus agentes y oficiales ubicados en las zonas donde delinquen las nuevas bandas criminales.
La medida, que viene aplicándose desde hace varios meses, busca ponerle freno a una situación detectada por investigaciones de centros académicos como la Fundación Arcoiris e Ideas para la Paz y que fue recogida en el último informe de la ONG Human Rights Watch: los nexos entre los nuevos ‘paras’ y miembros de la Fuerza Pública.
El diagnóstico de la Policía habla de 159 municipios del país afectados por la actividad de 6 grandes bandas.
“Hay un inventario de zonas y un seguimiento detallado del desempeño de los comandantes policiales -explicó el general Naranjo– Donde hay narcotráfico y crimen organizado siempre hay corrupción, pero se están haciendo esfuerzos para combatirla y garantizar transparencia y e integridad operacional”.
El informe de Ideas para la Paz, revelado por el EL TIEMPO hace dos semanas, dice que “en al menos diez departamentos hay policías y militares vinculados a bandas emergentes”. Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Cesar, Bolívar, Caquetá, Meta, Vichada y Guaviare son los departamentos donde el problema es más fuerte.
En tres años, la Policía ha investigado a 369 de sus miembros por supuestos nexos con los grupos que surgieron tras el desarme paramilitar. En el 2008, hubo 19 arrestos por esos nexos, y el año pasado, 31. Varios de ellos fueron realizados por la misma institución.
El polígrafo forma parte de una suerte de ‘paquete de transparencia’ utilizado por la Policía. Este incluye seguimiento a las denuncias de la ciudadanía, análisis del patrimonio de
los agentes y mandos, visitas a los sitios de residencia y el paso por el detector de mentiras, que empezó a usarse para medir la fidelidad de los miembros de las unidades de élite de la Policía y por el que ahora pasan incluso los policías de Tránsito
en ciudades como Bogotá.
Mindefensa mostró resultados contra bandas
El ministro de Defina Gabriel Silva reiteró el rechazo al informe de Human Rights Wacht y afirmó que los cerca de 2.700 capturados de los grupos emergentes, tan solo desde agosto pasado, muestran que no hay complacencia del Gobierno con estas agrupaciones, como lo asevera HRW.
‘Ayer fueron capturadas 16 personas. Todos los días, así como con las FARC, podemos mostrar resultados para neutralizar el narcotráfico de las Bacrim y capturar a los (desmovilizados) que se están reinventando como narcotraficantes’, dijo Silva.
El ministro agregó que la ONG ‘ha consultado otras fuentes que pueden manejar información manipulada”. “Respetamos todas las organizaciones de Derechos Humanos, pero no compartimos las conclusiones cuando son presentadas de una manera inconsulta’, dijo Silva.
Por su lado, el embajador de E.U. en Bogotá, William Brownfield dijo que tanto su gobierno como el de Bogotá “están en la obligación” de atender informes como el HRW.
