Así mismo, dentro de las unidades especiales se encuentra una integrada por abogados especialistas en contratación, contadores públicos, ingenieros civiles y catastrales, economistas y auditores de salud.

También contará con una unidad de investigación criminal, la cual se encargará de investigar procesos de orden nacional, regional y local, donde los diagnósticos y la información pública permiten identificar focos de corrupción.

“Todo el tema de la contratación pública, el tema de las regalías, todo lo vinculado al sector salud, de educación”, apuntó el general Naranjo. Ese trabajo estará apoyado por un cuerpo élite de inteligencia, en el propósito de alimentar a la policía judicial de información disponible, para lo cual desarrollará tareas fundamentalmente de orden territorial.

El alto oficial también anunció que esa jefatura contra la corrupción tendrá a disposición la línea gratuita nacional: 01 8000 910 600. Allí los ciudadanos podrán tramitar denuncias, quejas e informaciones relativas a temas de corrupción.

La ofensiva contra funcionarios corruptos se basa en los elementos centrales de la política de Seguridad Democrática, como lo es el programa de recompensas, que estará fortalecido con la creación de un fondo de gastos reservados para estimular la denuncia ciudadana.

“Se pagarán recompensas millonarias, dependiendo del calibre de la información y de los datos que permitan iniciar procesos de judicialización”, agregó.

Otro de los estímulos para la denuncia, será la posibilidad de ofrecer permanencia con identidad reservada en el exterior, para aquellos cooperantes que estimen que esa garantía les posibilita la denuncia.

“Estamos pensando en promover un sistema especial de promoción y de preferencias en los concursos de carrera administrativa, el tema es premiar los buenos funcionarios que no toleran que superiores y colaboradores con conductas que puedan estar rayando en la corrupción”, puntualizó el alto oficial.

Estímulos a partir de Banca de Oportunidades y los sistemas de asistencia de la política social del Gobierno, para beneficiar al denúnciate y sus familias, también están contemplados dentro de los estímulos a la denuncia.