Legisladores procesados ante las cortes podrían votar proyectos para cambiar el sistema judicial.
Luego de que se radicó la ponencia para sexto debate de la reforma de la justicia, cuyo contenido reveló EL TIEMPO.COM, se denunció en el Senado que la iniciativa incluye un polémico artículo que le permitiría a todos los congresistas investigados (parapolítica, pérdidas de investidura, estupefacientes, entre otros) participar en la elaboración de los proyectos de ley con los que se reformará el sistema judicial.
El artículo 30 de la ponencia, que se incluyó como transitorio, indica que “no existirá conflicto de intereses cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo”.
Esto en plata blanca quiere decir que los procesados por escándalos como la parapolítica, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes o quienes estén investigados por pérdidas de investidura, entre otros, podrán votar y hacer proposiciones sobre los proyectos de ley necesarios para desarrollar la reforma de la Justicia.
Así lo consideró el senador Luis Carlos Avellaneda, quien aseguró que “esta es la reforma de la inmoralidad”, porque “no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio”.
Agregó que “esto me parece una violación del principio de moralidad y del principio de ética que es tratado en la Constitución”.
De otro lado, la ponencia para sexto debate no tuvo mayores cambios a lo publicado por este diario. En lo relacionado con el antejuicio político para aforados, se determinó la creación de una comisión de “alto nivel” que postulará y elegirá la Cámara para realizar este proceso, pero ninguno de sus integrantes podrá ser congresista.
De esta forma, particulares podrán realizar un recaudo de información previa sobre, por ejemplo, las denuncias contra el Presidente, y deberá rendir un informe para que la Cámara decida si se debe o no adelantar el proceso político.
El liberal Jesús Ignacio García dijo que “no se hará ningún pronunciamiento que tenga que ver con la responsabilidad penal”, y aclaró que “no es una inmunidad, solo es una protección a la dignidad del cargo”.
El conservador Eduardo Enríquez Maya confirmó que “se establece la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura: la primera será ante una de las sala del Consejo de Estado, y la segunda será ante la sala plena”.
Y Luis Fernando Velasco (liberal) ratificó que, a pesar de la oposición de las altas cortes, “se permite que otros particulares puedan ayudar a descongestionar la justicia”.
