Así lo afirmó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, a medios de comunicación.
El Gobierno de Colombia mantendrá el artículo del fuero militar en su proyecto de reforma constitucional a la Justicia pese a las objeciones planteadas este lunes por el director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
En un comunicado, el ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Juan Carlos Esguerra, aclaró que la posible ampliación del fuero militar nunca se retiraría por una solicitud de HRW, sino por la determinación de una comisión de expertos encargada de analizar su idoneidad.
Este grupo multidisciplinar de expertos “está mirando con visión universal todo lo que toca con la justicia penal militar: el fuero penal, la justicia penal, el código penal militar”, expuso Esguerra.
“Ellos determinarán en su momento y en su sabiduría cómo se integra su trabajo en un proyecto de reforma y esa podría ser la única razón que determinará que el asunto del fuero pasara a formar parte de ese proyecto integral, pero retirarlo para atender la petición de HRW por supuesto que no”, zanjó el ministro.
De este modo Esguerra respondió a las declaraciones vertidas ayer por Vivanco en Washington, en las que comentó detalles de su informe mundial e incidió en el mencionado proyecto colombiano, que contempla que un sistema judicial penal militar reciba en primera instancia a los uniformados que cometieron delitos en servicio.
El representante para las Américas de HRW dijo no comprender la prisa del gobierno de Juan Manuel Santos en propiciar un retroceso evitable en un punto que consideró central para los derechos humanos, como es la ampliación del fuero militar, lo que a su juicio favorece la impunidad. Además, señaló que en el país andino la jurisdicción militar se ha caracterizado por encubrir y manipular pruebas.
Este aspecto dentro de la reforma del sistema penal acusatorio, que se estudia en el Congreso desde el año pasado, ya ha sido objeto de las denuncias de la organización humanitaria, que ha llegado a alertar al Estado colombiano de que su implantación podría exponer al país a ser investigado por la Corte Penal Internacional (CPI).
“A petición del presidente yo di una respuesta larga a Human Rights Watch explicándole la razón de ser, el sentido y propósito que tienen esas disposiciones”, recordó al respecto Esguerra, en alusión a una carta que envió a Vivanco en diciembre pasado y en la que justificaba que el fin del fuero no era garantizar la impunidad.
En su capítulo colombiano, HRW denunció también que Colombia sigue siendo el país más peligroso para los sindicalistas, con 175 asesinatos de representantes de los trabajadores en los últimos cuatro años.