Así lo revela un reciente informe del Consejo Superior de la Judicatura en el que se hace un recuento de las obras emprendidas por esa corporación desde que la corporación empezó labores en 1993.

Según el estudio, hecho por la División de Recursos Físicos de la entidad, hasta el momento se han invertido 182 mil millones de pesos en la construcción de palacios de justicia en todo el país, pero aún hacen falta 82 mil más para que la mayoría de estas obras puedan empezar a operar.

Aunque estos recursos permitieron la entrega el año pasado del Palacio de Justicia (el cual no está aún 100 por ciento terminado), y la conclusión de edificios de despachos de justicia en Armenia, Pereira y Bucaramanga, son varias las construcciones paralizadas por la falta de recursos.

Mientras que los magistrados de la Judicatura alegan que existe un rezago presupuestal que no solo ha retrasado la entrega de las obras sino que ha generado sobrecostos, expertos cuestionan si lo más recomendable era emprender tantos proyectos al tiempo, en vez de recurrir al arrendamiento.

Construcciones Entre las obras de mayor envergadura pendientes están la construcción de una ciudadela judicial en Bogotá, en donde se reunirían los juzgados laborales, civiles y de familia, hoy dispersos en varios edificios arrendados por la Judicatura, así como el edificio de los Tribunales en la capital.

Mientras que la ciudadela judicial, que le costaría a la justicia 34.500 millones de pesos es por ahora solo un proyecto pues aún no se ha comprado el lote en donde será construida, el edificio de los Tribunales empezó a ser construido en 1993 y aún no ha sido terminado.

Hasta el momento se han invertido en él 38 mil millones de pesos pero faltan aún 18 mil millones más. Su construcción, que avanzó considerablemente en 1999, se ha frenado hasta casi detenerse este año. Por ahora no hay fecha estimada para su entrega, aunque la Judicatura prevé que en septiembre se terminará la zona de archivo del edificio.

Situación similar ocurre en Palmira, en donde la Judicatura planea la construcción de un moderno edificio para albergar los juzgados que tienen jurisdicción en esa región.

La obra empezó en 1995 y desde esa época se han invertido 4.300 millones de pesos. Durante año y medio estuvo paralizada y ahora la Judicatura tendrá que hacer una inversión adicional para ajustar la estructura a los nuevos códigos de sismoresistencia, que cambiaron durante su construcción. Para terminarlo se requieren 700 millones de pesos, sin contar la inversión adicional.

La Judicatura afirma que de los recursos asignados en el Presupuesto a la Judicatura en 1999, 37 mil millones de pesos, solo el 23 por ciento de ellos le fueron girados durante ese año, y el resto aún no los ha terminado de recibir.

Esta situación nos muestra claramente que en lo referente al giro de los recursos de inversión, tenemos una vigencia de atraso, lo cual se refleja en la demora para la terminación de los proyectos y por consiguiente en el cumplimiento de las metas propuestas , señala un informe presentado por la Judicatura al Congreso.

Hoy tenemos un déficit locativo terrible. El Consejo de la Judicatura está empeñado en concluir todas las obras que tenemos pendientes, pero el rezago presupuestal nos ha impedido realmente cumplir con los proyectos y ha aumentado sus costos de depreciación , afirma el presidente de la Sala Administrativa, Alfonso Guarín.

En opinión del director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Alfredo Fuentes, aunque es positivo el propósito de mejorar la dignidad de los jueces, hay que preguntarse si en un contexto de crisis lo más recomendable es iniciar demasiados proyectos al mismo tiempo, y todos propios, en vez de recurrir al arrendamiento de edificios .

Si los recursos del presupuesto asignados a la justicia no han llegado, es porque el país no cuenta con ellos, asegura Fuentes.

Guarín alega que arrendar edificios terminaría provocándoles mayores costos a la justicia que construirlos. La Judicatura busca recurrir a un crédito del Banco Mundial para concluir las obras.

El Tiempo / 31 de mayo de 2000