En su momento dichas denuncias fueron puestas en conocimiento de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien siempre negó esos hechos.
Sin embargo, las primeras indagaciones de la Fiscalía demostraron lo contrario. La mayoría de los magistrados de la Sala Penal de la Corte fueron víctimas de esos seguimientos. Por ejemplo, a los magistrados Alfredo Gómez Quintero, Sigifredo Espinosa y Yesit Ramírez les rastrearon desde sus cuentas bancarias hasta el plan de celular que utilizaban.
El DAS también tenía información notarial, registros de migración y los movimientos de los familiares de otros magistrados como los ex – Presidentes de la Corte, César Julio Valencia Copete y Francisco Javier Ricaurte.
Pero toda esta historia de las interceptaciones comenzó cuando el Magistrado, Iván Velásquez, Director de la Comisión de apoyo a la Parapolítica, denunció que era víctima de seguimientos después que el Presidente de la República, Álvaro Uribe, asegurara que estaba comprando testigos para que declararan en su contra como en el caso del paramilitar alias Tasmania.
Todo esto llevó a que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial le exigiera al Primer Mandatario un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, él no quiso referirse al tema en público y prefirió invitarlos a la Casa de Nariño, donde les explicó las medidas adoptadas para poner fin al capítulo de las interceptaciones ilegales.
CM& / 11 de mayo de 2009