La afiliación cobija a la totalidad de los detenidos por orden de la justicia, tanto a los que están en reclusión intramural como a quienes gozan de beneficios de excarcelación, a menos que estén afiliados a una EPS bajo el régimen contributivo.
También cubre a los hijos de reclusas que sean menores de tres años de edad y convivan con sus madres en los establecimientos carcelarios.
El viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo, dijo que el convenio se realizó con base en lo ordenado por la Ley 1122, que estableció ese servicio como obligatorio para el Estado, a través de una EPS de carácter estatal y con cubrimiento nacional.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien fue testigo en la suscripción del convenio, afirmó que este tiene un costo de ocho mil millones de pesos para lo que resta de este año, y que se reajustará año tras año para garantizar, por primera vez, la atención en salud a la población carcelaria.
