Por eso, este domingo 7 de junio cuando la Casa de Nariño expidió un comunicado para advertir que la UIAF “ha analizado reportes de operaciones sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras vinculadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados”, realmente no dijo nada nuevo y en el escándalo por las ‘chuzadas’ y seguimientos del DAS a magistrados, ya ha trascendido la razón: la búsqueda de nexos entre los juristas y Ascencio Reyes.
Como lo informó El Espectador en su edición del 17 de mayo, la captura del empresario italiano Giorgio Sale, hacia noviembre de 2006, fue el primer pretexto para averiguar detalles inéditos en la vida del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas. De paso se indagó por los contactos de otros dignatarios de la justicia con el empresario italiano. En desarrollo de estas averiguaciones surgió otro benefactor de la justicia: el polémico empresario huilense Ascencio Reyes Serrano.
En la abundante documentación de este escándalo ya existe conocimiento del oficio expedido por la UIAF el 24 de abril de 2008, que se filtró a los medios de comunicación con el peculiar título del “Caso Paseo”. Pero este reporte encaminado a evaluar los detalles del viaje que hicieron en junio de 2006 a Neiva los magistrados de la Corte Suprema, invitados por Ascencio Reyes, incluyó también una información inesperada y poco referida: las copias de los extractos y cheques girados a las cuentas del magistrado José Alfredo Escobar Araújo.
Con el título “Pendientes por llegar”, el resumen de actividades efectuadas en el “Caso Paseo” dejó constancia de las cuentas desde las cuales se giraron dineros a José Alfredo Escobar, básicamente relacionadas con la firma Crisaltex y otros de la firma Distribuciones EU. Esta evidencia prueba que, vía DAS, la UIAF esculcó las cuentas de algunos magistrados. De hecho, el pasado 20 de mayo, el propio organismo lo reconoció al advertir que un primer informe fue entregado el 27 de mayo de 2008 y un segundo en septiembre 11 del mismo año.
El Espectador pudo establecer que entre los hallazgos de la UIAF, posteriormente reportados a las autoridades competentes, apareció un cheque por $25 millones que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo le giró al empresario Ascencio Reyes; y otra transacción más, esta vez en efectivo, que el actual presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont, depositó en las cuentas de Ascencio Reyes. Se trata de una suma de $2,2 millones.
Este tipo de evidencias se encuadran dentro del segundo grupo del comunicado en el que se habla de posibles vínculos con otras personas presuntamente implicadas en actividades ilícitas. No cabe duda de que el objetivo siempre fue buscar algún nexo ilegal entre el empresario huilense Ascencio Reyes y los magistrados. La propia Casa de Nariño y el DAS lo han justificado advirtiendo que a Reyes le encontraron nexos comerciales con José María Ortiz Pinilla, quien fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2008 por narcotráfico.
Sin embargo, no fueron los únicos hallazgos. Ahora que la Casa de Nariño asume que los informes de inteligencia financiera de la UIAF, en que podrían estar involucrados algunos magistrados, fueron remitidos a la Fiscalía, cobra importancia saber que el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda también encontró particularidades de otras transacciones. Como los negocios realizados por el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Náder, igualmente muy cercano a Giorgio Sale y a Ascencio Reyes.
