Hace cinco años, esa institución fue utilizada para entregar informaciones a los grupos paramilitares y para limpiar los expedientes de sus cabecillas. Por ello, la Justicia procesa a su director de entonces. Poco tiempo después, el descubrimiento de interceptaciones telefónicas y seguimientos a miembros del Polo Democrático Alternativo, por razones en apariencia políticas, produjeron una purga. Y no sobra recordar el episodio de la Inteligencia de la Policía, que causó un profundo remezón en la institución y culminó con la designación del general Óscar Naranjo como director.
Ahora la denuncia de la revista Semana permite conocer el mundo de las grabaciones a personajes de la vida nacional, e incluso a los más peligrosos delincuentes. Grabaciones que además fueron destruidas antes de la llegada del último director de la entidad. Desde el general Naranjo, la señora del Ministro de Defensa y los más cercanos asesores del Presidente de la República, hasta los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales está el encargado de investigar la parapolítica. En la lista también están periodistas, directores de medios de comunicación, escritores de opinión y miembros de la oposición.
Es decir, el país está intervenido ilegalmente por el DAS y el Estado no sabe qué hacer o cómo poner orden en esa entidad. ¿Para qué o para quién espía? ¿De dónde salen las órdenes para las interceptaciones? ¿A quién benefician? ¿Por qué son posibles? ¿Qué clase de interés político o criminal hay detrás de ellas? Esas preguntas no pueden resolverse acudiendo al manido expediente de las investigaciones exhaustivas que no conducen a parte alguna. Ni afirmando que son realizadas por “mafias aisladas” que se han enquistado en el organismo o que el DAS se ha convertido en “rueda suelta”. Allí hay mucho más de fondo.
Hace varios años, y a raíz de los escándalos sobre infiltraciones del paramilitarismo, el Gobierno creó una comisión de la cual salió la propuesta de una reforma profunda. Ya se sabe que esa entidad es imposible de liquidar, porque cualquier Estado, por democrático que sea, necesita un órgano de inteligencia distinto al judicial o al militar.
El asunto es cómo evitar los abusos que se han revelado y causan un grave daño a la credibilidad del Gobierno. Cómo detener el espionaje ilegal e impedir la violación del derecho fundamental a la intimidad. Y cómo lograr que la información no se vuelva negocio, se filtre a los medios o se venda a organizaciones criminales.
Eso es lo que debe explicarse a los colombianos, además de asegurarles que ahora sí se tomarán las medidas para acabar con el foco de corrupción y abusos en que se convirtió el DAS. Porque si Colombia quiere ser reconocida como democrática, debe empezar por garantizar que el Estado no permite ni acepta las violaciones a la ley que allí se han perpetrado.
El País / 24 de febrero de 2009
