Ningún congresista debería declararse impedido para votar proyectos sobre sistema judicial.
Con dos puntos polémicos empezará la discusión en sexto debate en la plenaria del Senado de la reforma de la justicia.
El primero tiene que ver con la posibilidad de que ningún congresista, así esté siendo investigado, tenga que declararse impedido para discutir y votar los proyectos de ley con los que se reforma el sistema judicial del país, y el segundo, con la posibilidad de que se incluya en el articulado la ampliación del periodo de magistrados de las altas cortes en ejercicio.
El primer punto significaría que los congresistas con investigaciones por ‘parapolítica’ o por el escándalo de la Dirección de Estupefacientes, entre otros, no se verán obligados a declararse impedidos para tramitar las leyes que desarrollen la reforma judicial, lo cual, según varios congresistas, “es legislar en causa propia”.
El primero en prender las alarmas fue el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda, quien aseguró que “no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio”. Esta misma postura la compartió el presidente del Senado, el conservador Juan Manuel Corzo, quien dijo que “si uno es investigado, se debe apartar de la discusión y votación, y más cuando se trata de un desarrollo legal”.
Incluso, uno de los ponentes, el senador Juan Carlos Vélez, reconoció que”estaría de acuerdo en retirar este artículo, porque se puede configurar un conflicto para beneficiar a un parlamentario”. Su colega de ‘la U’ Armando Benedetti fue más directo: “Esto daría pie para que la gente legisle en causa propia”.
Solo el conservador Eduardo Enríquez Maya defendió el artículo:
“Una reforma o un proyecto está por encima de cualquier interés personal”.
En el 2010, el Congreso aprobó una reforma constitucional para que los legisladores no se tengan que declarar impedidos, en ninguna circunstancia, para tramitar enmiendas de la Constitución.
Pero este no será el único asunto espinoso en el debate previsto para iniciarse hoy. EL TIEMPO.COM confirmó que uno de los temas que se buscarán incluir es la ampliación de 8 a 12 años del periodo de los actuales magistrados de las altas cortes. Maya le dijo a este diario que “si se presenta esa proposición, por supuesto que la apoyaríamos”. La ponencia para sexto debate no tuvo mayores cambios respecto a lo publicado ayer por EL TIEMPO.COM.
‘No hay falsedades en las actas’, dice secretaria de la Judicatura
Yira Lucía Olarte, la secretaria de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, la primera implicada en el escándalo por nombramientos en ese tribunal, aseguró ayer que fue “objeto de una falsa denuncia”. “Se cometió un error de transcripción en las actas, pero los actos administrativos que se derivaron de ellas fueron firmados y ejecutados debidamente”, dijo, y afirmó que la magistrada auxiliar Luz Elena Aranceti, quien labora en el despacho de María Mercedes López, fue presionada para que declarara en su contra: “Me advirtió que, así la echaran, no iba a declarar en contra mía”.
