Ayer la plenaria se dedicó a otros asuntos pendientes y se estima que el próximo martes pueda retomarse la discusión de los 160 artículos que componen el proyecto de ley al que sólo le falta un debate.
El miércoles sólo se produjo la intervención de los ponentes, los voceros de los partidos y del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.
Mientras tanto, las víctimas de la violencia, en medio de fotos, murales y carteles alusivos al tema, fueron llevadas por organizaciones y colectivos que agrupan a quienes han sufrido violación de sus derechos por grupos armados al margen de la ley y algunos agentes del Estado.
Cuando por fin, luego de un constante aplazamiento, la plenaria de la Cámara discutió la iniciativa que busca restituir los derechos de los afectados por la violencia en Colombia, la votación fue prorrogada otra semana.
En otras palabras, quedaron sin dirimirse las diferencias que tienen autores, promotores y ponentes con el Gobierno, que esencialmente son dos: la reparación gubernamental a las víctimas de crímenes de Estado y la restitución de los bienes inmuebles a la que tendrían derecho las víctimas.
El miércoles, el representante Guillermo Rivera, ponente del proyecto, criticó la postura del Gobierno de dejarles a las víctimas de agentes estatales solo la vía judicial para acceder a la reparación y la eliminación del deber de garantía por parte del Estado, e insistió en que la restitución no debe limitarse al tema de tierras: “La restitución debe ser la acción del Estado para que las personas a quienes les fueron violados sus derechos vuelvan a quedar en la situación previa a la violación de sus derechos. Si tenían cerdos, gallinas, vacas, les tienen que restituir todo”.
Por su parte, el ministro Valencia destacó los avances del Gobierno en materia de reparación. Recordó que ya hay 228.000 víctimas registradas que comenzarán a hacer parte de un proceso que este mes espera reparar a las primeras 10.000 con un presupuesto de 200.000 millones de pesos.
Con estas cifras el Ministro respondió a la petición de Rivera de derogar el Decreto 1290 que contempla la reparación administrativa de las víctimas, para dejar todo el tema bajo lo contemplado por la Ley de Víctimas.
Valencia también dijo que aunque en el Ejecutivo hay “tolerancia cero con la violación de derechos humanos, cualquiera sea el victimario”, sea éste ilegal o agente estatal, “no podemos aprobar una ley que no se pueda cumplir” por cuenta de cargas fiscales excesivas.
El Nuevo Siglo / 04 de junio de 2009
