El representante Guillermo Rivera, coordinador de la ponencia, le dijo a EL NUEVO SIGLO que fue deliberada la petición hecha por el Ministro, ya que la ley no aguanta más tropiezos y aplazamientos.
Rivera aseguró que es inaceptable que cada vez que hay una crítica deba suspenderse el debate del proyecto.
Valencia Cossio, por medio de una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón Cotrino, le pidió aplazar el debate del proyecto de ley de víctimas por 30 días, argumentando espacio para aplicar los requerimientos de la Corte Constitucional, donde le exigieron al Gobierno reforzar las políticas de vivienda y tierras para las víctimas de la violencia.
El representante del Putumayo dijo que estos requerimientos podrían hacerse en menos de un mes.
Por otro lado, el representante a la Cámara, Jorge Mantilla, aseguró que los requerimientos de la Corte ya los tiene desarrollados el Gobierno en varios de sus ministerios, por lo que pidió que no importa qué enmiendas haya que hacerle al proyecto, “lo importante es no aplazar más su debate”, pues de por medio están los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Este proyecto ha contado con toda clase de tropiezos. A finales del año pasado, a pesar de que el Gobierno y la oposición ya habían llegado a un acuerdo para sacar adelante la ley, los ponentes uribistas de la iniciativa en la Comisión Primera de la Cámara anunciaron la radicación de una ponencia alternativa a la propuesta original.
La controversia radicó en los 20 billones de pesos que se necesitarían para la reparación y de la inclusión de las víctimas del Estado en el proyecto.
En cuanto a esto último, el presidente Álvaro Uribe sostuvo que si no se excluye a las víctimas del Estado, se estaría atentando contra la política de seguridad democrática.
Por otra parte, la ONG Amnistía Internacional le pidió al Congreso en noviembre del año anterior no aprobar la ley de víctimas. Según la organización, el Gobierno había modificado el proyecto original de lo previsto en un principio, que era reparar a las víctimas de más de 40 años de violencia en Colombia.
Amnistía aseguró que el nuevo proyecto establecerá una jerarquía discriminatoria entre las víctimas, pues la indemnización para quienes sean damnificados de grupos guerrilleros y paramilitares tendrá más posibilidades de recibirla que las víctimas de las “Fuerzas de Seguridad”.
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó sus reservas frente al proyecto de ley por excluir de los programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado.
El mismo autor de la iniciativa, senador Juan Fernando Cristo, criticó al Gobierno por haber sido autor del “descuartizamiento” del proyecto en el debate en Cámara, quien aseguró que como quedó, la ley pretende que las indemnizaciones no superen los 40 salarios mínimos que determinó el decreto de reparación administrativa, lo cual, según el Parlamentario liberal, violaría la autonomía de otros poderes públicos como el Consejo de Estado, cuyo deber sería evaluar los casos y ordenar los montos de reparación.
El Nuevo Siglo / 20 de marzo de 2009
