La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) respalda a la institucionalidad colombiana y rechaza la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Alcalde Gustavo Petro, debido a que internamente han operado los recursos jurídicos pertinentes.
La justicia interamericana hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero ella solo puede actuar en caso de que la Justicia colombiana no opere o lo haga tardíamente. En el caso del doctor Petro nuestra justicia actuó; definió clara y oportunamente la gran cantidad de tutelas que se interpusieron en un claro abuso del derecho y de la administración de justicia.
Igualmente, nuestro ordenamiento jurídico contempla el recurso de nulidad, en el marco del cual cabe la posibilidad de solicitar medidas cautelares que hubieran podido suspender el acto administrativo de destitución, como lo manifestó en una de sus sentencias el Consejo de Estado. Esta acción hasta la fecha no ha sido interpuesta por el señor alcalde, pese a que resulta indispensable para lograr una decisión de fondo sobre su caso.
Lamentamos el clima y el mensaje de inseguridad jurídica que genera esta decisión de la CIDH y en consecuencia apoyamos la decisión del Gobierno Nacional y compartimos las cuatro razones jurídicas que la soportan.
