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Observatorio CPA y CA

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Conciliadores, la nueva fuerza del Gobierno Nacional para darles un respiro a los despachos judiciales

La Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, clausuró el quinto Encuentro Regional de Justicia realizado en la capital del Atlántico, asegurando que sólo será posible la paz duradera y estable que necesita el país si el Estado les garantiza a todos los colombianos el acceso a una justicia pronta, efectiva y transparente.

Por esa razón calificó como “urgente” la necesidad de resolver las dificultades que en materia judicial se presentan en las regiones, particularmente con los casos de congestión en los despachos, para lo cual planteó el mecanismo de la conciliación como una herramienta efectiva con resultados inmediatos.

“Porque una de las maneras para impedir que se congestione la jurisdicción es precisamente solucionando los problemas a través de los conciliadores en equidad o de los conciliadores en derecho, para tratar de que no todos los conflictos lleguen a los juzgados”, dijo la funcionaria.

Y siguió: “El Ministerio de Justicia y del Derecho está convencido de que la solución para lo que sucede con la administración de justicia comienza por una cultura de la conciliación y no por una cultura de la litigiosidad”.

Consulte el comunicado completo en

www.minjusticia.gov.co/NewsDetail/1882/1/ConciliadoreslanuevafuerzadelGobiernoNacionalparadarlesunrespiroalosdespachosjudiciales

 

 

Consejo de Estado unifica jurisprudencia sobre pacto arbitral en controversias contractuales

Los jueces administrativos deben decretar la nulidad de todo lo actuado en las controversias contractuales con pacto arbitral, aunque una de las partes conteste la demanda y no se refiera a la incompetencia del despacho para conocer del asunto. Así lo dispuso el Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia sobre esta materia.

La decisión implica un cambio de postura del alto tribunal, que, anteriormente, sostenía que la simple falta de alegatos acerca de la incompetencia del juez significaba la renuncia tácita al tribunal de arbitramento.

De acuerdo con la Sección Tercera, para validar el desistimiento de dirimir la controversia ante los árbitros, es necesario que se firme un nuevo acuerdo en el que se haga expresa la voluntad de las partes.

Con base en estos argumentos, el alto tribunal declaró nulo el proceso iniciado con una demanda interpuesta por la Gobernación del Casanare por la supuesta terminación ilegal de un contrato para la construcción de una laguna de oxidación destinada al tratamiento de aguas residuales.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 17859, abr. 18/13, C. P. Carlos Alberto Zambrano)

http://bit.ly/11qcogR
 

Errores de la justicia ya suman 19 billones de pesos

En los tribunales hay 12.657 procesos. Cada demandante exige, en promedio, $1.700 millones.

 Manuel Mena murió seis meses después de salir de la Penitenciaria de La Picota, donde estuvo tres años pagando un crimen que no cometió.

Una tutela lo devolvió la libertad y demostró que las autoridades lo confundieron con el verdadero autor del asesinato. Ahora, su familia espera que un juez determine cuál es la reparación que debe dar el Estado por este error de la justicia.

Historias como la de Manuel se cuentan por miles cada año en el país. La mayoría nunca alcanza la visibilidad de casos como el del exdiputado Sigifredo López o el de Alberto Jubiz Hasbum (inocente presentado como responsable del magnicidio de Luis Carlos Galán), pero todas, además de la injusticia, tienen en común la enorme posibilidad de que terminen en millonarias condenas contra la Nación.

Un estudio de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación encontró que en los tribunales administrativos del país hay más de 12 mil procesos de personas detenidas injustificadamente que reclaman 19 billones de pesos.

Adriana Guillén, la jefe de esa entidad, advierte que si esas demandas terminan falladas en contra del Estado, la suma a pagar equivaldría al presupuesto de la Fiscalía en los próximos 10 años. Esa entidad tuvo que pagar en el 2012 casi 80.000 millones en condenas por casos de años pasados, la mayoría por detenciones injustas.

Según la Agencia de Defensa Jurídica, de cada 10 demandas en curso contra la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía y el Ministerio de Justicia, siete tienen como causa la privación de la libertad.

Las víctimas de esos errores exigen, en promedio, 1.700 millones de pesos por perjuicios. Aunque muchas no tienen fundamento, hay casos como los del diputado López y Alberto Jubiz frente a los que el error es tan evidente que la mejor opción para el Estado es conciliar.

Consulte la noticia completa en

www.eltiempo.com/justicia/la-cuenta-depo-errores-de-la-justicia-ya-va-en-19-billones-de-pesos_12766744-4

 

 

Celinea Oróstegui de Jiménez , Directora Ejecutiva de Administración Judicial

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en sesión del dia de hoy 7 de mayo de 2013, eligió por mayoría a la Doctora Celinea Oróstegui de Jiménez, Directora Ejecutiva de Administración Judicial.

www.ramajudicial.gov.co/csj//noticias/csj/1344/Celinea-Or%C3%B3stegui-de-Jim%C3%A9nez-,-Directora-Ejecutiva-de-Administraci%C3%B3n-Jud

 

Consejo Superior invertirá más de $ 29.000 millones en infraestructura

El Consejo Superior de la Judicatura acordó invertir poco más de $ 29.000 millones en la construcción de 10 proyectos de infraestructura en todo el país, entre los que se cuentan algunos palacios de justicia y despachos judiciales en ciertas poblaciones. La corporación informó que $ 10.177’273.364 hacen parte del presupuesto aprobado para ser ejecutado en 2013, mediante la Ley 1593 del 2012 y el Decreto 2715 del mismo año. Así mismo, autorizó al Director Ejecutivo de la Administración Judicial para solicitar ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda el compromiso de vigencias futuras por $ 19.200’000.000. Adicionalmente, la Sala informó que se requerirá a estas mismas autoridades para que se tramiten traslados presupuestales de $ 4.300’000.000. Entre las obras de mayor impacto presupuestal se resalta la construcción de despachos judiciales en Facatativá (Cundinamarca), por $ 7.300’000.000, y Zipaquirá, por $ 6.900’000.000, además del Palacio de Justicia de Yopal (Casanare), que, se calcula, costará $ 5.000’000.000. Cabe aclarar que los traslados de inversiones hacen parte de recursos contracrédito que estaban presupuestados para otras obras.

www.legismovil.com

 

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