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Justicia empapelada
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- Created on Saturday, 22 June 2013 18:00
- Written by Semana
Por cuenta de reclamaciones con montos exorbitantes, en causas temerarias que abusan del derecho, un puñado de personas ha logrado congestionar la Justicia. Una nueva ley aprobada la semana pasada los puede frenar en seco.
Las demandas por montos descabellados que congestionan el sistema judicial del país tienen un nuevo capítulo. Hace tres meses esta revista contó la historia de una demanda por mil trillones de pesos, la más alta –y ridícula– en pretensiones en la historia del país.
Ahora comienza un nuevo proceso con pretensiones por el doble: dos mil trescientos cuarenta y ocho trillones veinticuatro mil setecientos cinco billones novecientos tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos ($2.348’024.705’903.850’000.000).
Además del monto, son varios los absurdos en este nuevo caso. El primero es el motivo: se trata de una reclamación por las pérdidas que generó el fallo de La Haya en la disputa del país con Nicaragua.
El segundo es el demandante: Otoniel Tangarife Franco, el mismo demandante de la vez anterior. El tercero es que no haya una forma para frenar este tipo de procesos, que según varios abogados consultados podrían catalogarse como abuso del derecho, y que en este caso ya implicó una reunión de conciliación en la Procuraduría entre el apoderado de Tangarife y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la primera demanda, la de mil trillones, Tangarife reclama por la vía contencioso administrativa que una lista al Senado en la que participó no ganó porque la Registraduría no aceptó que quien la encabezaba usara un sobrenombre. Además alega que por no llegar al Congreso no logró los derechos para la pensión que según él le correspondía. Esta pretensión se frenó pues en la conciliación la Procuraduría conceptuó que Tangarife debía recurrir a la jurisdicción civil.
Según le confirmó a SEMANA Guillermo Pérez Luna, su apoderado, Tangarife comenzó el nuevo proceso por la pérdida del mar territorial en el Caribe para buscar una nueva vía para lucrarse. Su idea es llevar el caso ante un juez y presionar un acuerdo. “Vamos a ver qué ocurre” dice Pérez.
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El incidente de impacto fiscal
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- Created on Monday, 17 June 2013 16:26
- Written by El Espectador
Por: Camilo Sánchez O
La historia económica europea basada en el asistencialismo ha desembocado en la crisis fiscal que en la actualidad deja en vilo el futuro de sus nuevas generaciones, que no tendrán los privilegios de otrora.
Para no repetir estos costosos hechos, el Gobierno y el Congreso hemos fortalecido el principio de sostenibilidad fiscal, referente a mediano plazo por el cual se identifica el criterio presupuestal que orienta los órganos del poder público para preservar el Estado Social de Derecho, priorizando el gasto social en aras de proteger los derechos fundamentales.
Con el fin de optimizar este principio de orden constitucional, estructuramos el Incidente de Impacto Fiscal, como herramienta ágil y efectiva, que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo, al tiempo que promueve la equidad y la inclusión con carácter generacional.
El objetivo es que ninguna autoridad invoque la sostenibilidad fiscal, bajo ninguna circunstancia, “para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.” El Plan Nacional de Desarrollo, como propuesta de priorización de proyectos de política pública por un gobierno, al no incluir criterios de sostenibilidad presupuestal, permite que administraciones siguientes lo modifiquen, haciéndose necesario dejar un hilo conductor que asegure su permanencia y debida ejecución.
La coordinación de la implementación del incidente fiscal debe estar en manos del Ministro de Hacienda, pues es de su competencia la información presupuestal y la ejecución de proyectos. El incidente puede ser presentado por los actores del proceso cuya sentencia será objeto del incidente, el Procurador General o los Ministros. El trámite será obligatorio y podrá incluir fallos de revisión de acciones de tutela. Tras la notificación de alguna providencia los actores mencionados tendrán treinta días para presentar y sustentar la solicitud de apertura del proceso. La Sala Plena tomará la decisión; en audiencia explicará sentencia en cuanto a las finanzas públicas, y las partes expondrán su posición respecto a la solicitud.
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www.elespectador.com/opinion/columna-428405-el-incidente-de-impacto-fiscal
Avances y resultados concretos del proceso de implementación de la ley 1437 de 2011 Política Judicial sobre bases sólidas
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- Created on Thursday, 06 June 2013 18:02
- Written by Prensa Rama Judicial
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Mundial presentaron el Estudio del Inventario de procesos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, importante instrumento de política judicial que contribuye eficazmente al proceso de transformación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa previsto en la Ley 1437 de 2011.
El evento contó con la participación de la señora Ministra de Justicia y del Derecho, Doctora Ruth Stella Correa Palacio; el Presidente del H. Consejo de Estado, Doctor Alfonso Vargas Rincón; el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Doctor Edgar Carlos Sanabria Melo; la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la Republica, Doctora Cristina Pardo Schlensinger; los especialistas del Banco Mundial en el Sector Público Pedro Arizti y Jorge Luis Silva Méndez; el Subdirector del Proyecto Acceso a la Justicia de Usaid, Doctor Cesar Solanilla Chavarro y la Directora de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Doctora Mariana Martínez Cuellar
En el marco de este evento se realizó el panel sobre “Políticas Judiciales y Plan Nacional de Descongestión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, liderado por el Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Doctor Ricardo Monroy Church.
El análisis de la composición de la demanda de justicia, la carga de procesos por tipología y nivel en cada circuito y distrito judicial, el mapa de congestión de esta jurisdicción y, por supuesto, las recomendaciones y estrategias contenidas en este estudio del Banco Mundial, han sido y serán un insumo valioso para continuar avanzando en el reto de evacuar, en el plazo previsto en el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, los procesos que continúan rigiéndose por el sistema procesal anterior y mejorar los tiempos procesales del nuevo sistema.
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Aprueban proyecto de ley que crea un nuevo arancel judicial
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- Created on Monday, 17 June 2013 15:41
- Written by El Espectador
Con la iniciativa, la Justicia dispondrá de más de $70 mil millones al año para descongestión.
Un arancel judicial que corresponde al 1,5 por ciento de las pretensiones y que deberá ser cancelado por el demandante antes de iniciar el proceso judicial (no aplica para personas que no declaran renta) fue aprobado este lunes por el Senado de la República en cuarto debate y queda listo para sanción presidencial.
Con este proyecto del Ministerio de Justicia, la Rama Judicial percibiría alrededor de 70 mil millones de pesos al año en procesos civiles y ante el Contencioso Administrativo, cuando el demandante sea un particular.
"El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la Administración de Justicia. Sin embargo, por tratarse de un pago que no se exigía si no hasta que se finalizara el proceso, estaba siendo evadido por las partes”, afirmó la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.
Así mismo, la jefe de la cartera señaló que “lo que hicimos fue convertirlo en una medida que se tome desde el comienzo del proceso".
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Presentan estudio sobre procesos de la jurisdicción contencioso administrativa
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- Created on Wednesday, 05 June 2013 17:16
- Written by Ámbito Jurídico
Este miércoles 5 de junio, a las 4:00 p.m., la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Mundial presentarán el estudio del inventario clasificado de los procesos de la jurisdicción contencioso administrativa, que constituye un instrumento de política judicial en el proceso de implementación de la Ley 1437 del 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Según el magistrado Ricardo Monroy Church, desde el primer semestre del año 2011, con la cooperación del Banco Mundial, la Sala Administrativa inició el diseño, la estructuración y la implementación de un plan piloto de diagnóstico de las causas de la congestión y la medición de los tiempos procesales en esa jurisdicción, que se financió con recursos de esa entidad multilateral.
Los resultados del estudio piloto, agregó Monroy, fueron pieza clave para la expedición del plan especial de descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contenido en el Acuerdo PSAA12-9139 del 17 de enero del 2012.
El reto de evacuar, en el plazo previsto en el artículo 304 de la Ley 1437, los procesos que continúan rigiéndose por el sistema procesal anterior y mejorar los tiempos procesales del nuevo sistema encuentran en este estudio un insumo fundamental para su culminación exitosa, añadió el magistrado.
Consulte aquí información sobre el evento http://bit.ly/129Rr2V
- Proyecto sobre impacto fiscal, aprobado en plenaria
- Avances del Proyecto de Fortalecimiento a los Servicios de Justicia de las Altas Cortes y Jurisdicción Contencioso Administrativa Financiado con Recursos BID
- “La paz solo será posible si se garantiza acceso a la justicia”
- Por fin Rama Judicial tiene gerente
