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Observatorio CPA y CA

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Presidente Santos y altas cortes se reúnen para discutir temas de interés para la Rama Judicial

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunirá este lunes con los integrantes de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

En el encuentro estarán presentes los presidentes de las altas cortes, el procurador general, Alejando Ordóñez, y el fiscal general, Eduardo Montealegre.

El diálogo entre el jefe del Ejecutivo y los representantes del poder judicial se da casi dos semanas después del llamado que hizo la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de descongestión, tanto en materia logística como presupuestal.

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http://bit.ly/1cHTfe5


 

Gobierno evalúa entrega de recursos para sostener juzgados de descongestión

Igualmente se buscan recursos para modernizar los despachos judiciales.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa informó que el Gobierno está estudiando la viabilidad económica para convertir los cargos de descongestión de la Rama Judicial como cargos permanentes.

La jefe de la cartera de Justicia aseguró que el presidente de la República le solicitó estudiar la situación de cada uno de los despachos judiciales con el fin de ejecutar un plan de acción y así facilitar la administración de justicia.

“Este estudio permitirá determinar cuántos de los funcionarios que actualmente ocupan cargos de descongestión se requieren para evacuar los miles de procesos que se encuentran represados en la Rama y, además, definir cuáles de esos cargos podrán ser permanentes como otra de las medidas adoptadas para descongestionar los despachos”, explicó.

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www.elespectador.com/noticias/judicial/gobierno-evalua-entrega-de-recursos-sostener-juzgados-d-articulo-439596

Amplían medidas de descongestión judicial hasta septiembre

Justo cuando se vencía el término de ejecución de una serie de medidas para descongestionar la Justicia, la Judicatura amplió el funcionamiento de los despachos designados para esto en dos meses más.

Este miércoles, los Presidentes del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Administrativa de la misma Corporación, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se reunieron y tomaron dicha posición.

“(…) en aras de garantizar los programas de descongestión de la Rama Judicial y por ende el eficiente funcionamiento de la misma, lograron la continuidad de las medidas de descongestión hasta el 30 de septiembre de 2013”, señaló.

Así entonces, por lo menos durante dos meses más seguirán funcionando los juzgados de descongestión que están en aprietos porque el Gobierno Nacional incumplió su promesa de reponer los recursos que la Rama Judicial tomó de allí para hacer la nivelación salarial de los empleados de la Rama.

Se trata de un déficit de por lo menso 100 mil millones de pesos que haría que se redujeran hasta en un 50 por ciento los despachos de descongestión que existen.  

www.larepublica.co/asuntos-legales/ampl%C3%ADan-medidas-de-descongesti%C3%B3n-judicial-hasta-septiembre_45566

 

Los jueces tienen una carga laboral del 200%

Tal parece que la creación de juzgados para descongestionar la Rama Judicial se convirtió en costumbre en Colombia, cuando cada año se vencen los términos para ponerle fin a la acumulación de procesos.

Este año no fue la excepción y el pasado 31 de julio, la Rama Judicial emitió las directrices de este periodo que irán hasta diciembre de 2013 en algunos casos. El problema es que se suprimieron juzgados de descongestión que llevaban procesos, y ahora el ciudadano de a pie no tiene ni idea de qué hacer con sus trámites judiciales.

Esa decisión, que se toma cada año, consiste en poner en funcionamiento toda una red nacional de juzgados para tratar de descongestionar la Justicia, una especie de ejército de jueces que ayudan a los jueces de planta a evacuar procesos.

El plan en el papel es bastante eficiente, el problema es que se debe reafirmar cada año, se le pueden hacer los cambios que los presidentes de las cortes consideren, y no siempre tienen de por medio un plan de implementación que no cause traumatismos a los ciudadanos.

Según, Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional; Pedro Alonso Sanabria, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; yAlfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado, se dio "continuidad a las medidas de descongestión hasta el 30 de septiembre y una prolongación de las mismas hasta el mes de diciembre".

El problema es que de un día para otro, se decidió suprimir y crear juzgados, sin contar para ello con el tiempo necesario de adecuación, lo que en la práctica genera que un ciudadano que hace una semana le habían agendado su diligencia judicial, llegue a su juzgado y encuentre que está cerrado y sin juez.

Según Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, sindicato de la Rama, "existe un caos total, por poner un ejemplo, en Medellín, en donde se han disminuido en 20 los juzgados de descongestión, quedando solo tres. Los juzgados de descongestión valen 33.000 millones de pesos cada mes y no alcanzan a evacuar procesos".

Al respecto María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados indicó que "el acuerdo se empezó a efectuar sobre la marcha, de manera muy apresurada, pues se firmó el pasado 31 de julio y aplica desde el 1 de agosto. Eso generó un trastorno administrativo que requiere movimientos de procesos, porque se devuelven de los juzgados que desaparecieron y requiere tiempo para hacer inventario y para informar al usuario".

Según Otálvaro, en caso de que el Gobierno y la Judicatura no atiendan las denuncias, Asonal "no descarta movilizarse para generar conciencia de la necesidad de los nombramientos, pues estamos trabajando a un 200 por ciento".

Vencimiento de términos
La primera de las consecuencias es el vencimiento de términos de los procesos judiciales, que permite dejar a procesados en libertad. Incluso "personas que están en procesos penales, por ejemplo, porque los términos no se amplían, son perentorios", señaló el dirigente sindical.

"Existen 60 días para que un fiscal acuse, de lo contrario se libera al detenido. O 120 días para que se desarrolle el juicio, si no se procederá a la libertad. Entonces si un juez está conociendo el caso y se le vencen los términos, tendrá que dar libertad", agregó.

Detrás de toda la polémica por la congestión se encuentra un problema estructural, según indicó Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia. "Las medidas de descongestión deben ser coyunturales y temporales, pero llevamos mucho tiempo con ellas, lo que muestra es que el problema es estructural".

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Consejo de Estado exige medidas para descongestionar la jurisdicción

El Consejo de Estado les hizo un llamado al Gobierno y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que se tomen medidas presupuestales y se ejecuten políticas y estrategias realmente efectivas para enfrentar los problemas de congestión que padece la jurisdicción contencioso administrativa.

Según el alto tribunal, es evidente el insuficiente número de juzgados y de despachos que integran esa jurisdicción, y notable la improvisación de las medidas de descongestión, “al punto de que en el día de hoy, a menos de 24 horas del vencimiento de su vigencia, no ha sido posible conocer cuál será su suerte en el inmediato futuro”.

Las soluciones, afirma la corporación, deben consultar la realidad nacional, dando aplicación respetuosa a la independencia y la autonomía del poder jurisdiccional.

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http://bit.ly/13KOWoR

 

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