En entrevista con SEMANA, el ministro de Justicia defendió el proyecto de reforma constitucional que está a punto de convertirse en realidad. En su criterio, el contenido es el producto de una discusión democrática.
La reforma a la Justicia entró en su última etapa. Esta semana será discutida, y seguramente aprobada, en su octavo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y a contrarreloj las dos cámaras deberán conciliar un texto definitivo antes del 20 de junio, día en el que terminan las sesiones ordinarias.
A propósito de la inminente aprobación de la reforma, SEMANA habló con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien explicó cuál es el alcance del proyecto, por qué se necesitan otras leyes y qué le hubiera gustado incluir en la iniciativa.
SEMANA: Algunos magistrados dicen que la reforma es un pacto de favores. ¿Qué les responde?
Juan Carlos Esguerra: Ciertamente no lo es. Esa opinión parte de la base de un criterio mezquino. El hecho de que hayan participado todos los que tienen algo que decir o sugerir sobre la Reforma a la Justicia no la descalifica. Ese es un procedimiento típico de una democracia. Aplicamos el principio griego que dice que del diálogo nace la verdad. No hay un ‘te doy’, ‘tú me das’ y ‘le damos a todo el mundo’.
Para evitar ese tipo de críticas, habría sido mejor que la reforma no hiciera referencia a casos que pueden tener nombre propio, sino que mirara al futuro y al margen de las personas que están en los cargos.
SEMANA: ¿A qué se refiere?
J.C.E.: Por ejemplo, el hecho de que la reforma deje explícito que la extensión del período de los magistrados de las altas cortes incluye a los actuales. La iniciativa tiene el propósito de convertir la llegada a las cortes en la coronación de la carrera de un abogado, que ser magistrado de las cortes no sea visto como un medio, sino como un fin. Por eso la reforma exige más requisitos a los magistrados. Pero cuando se hace extensivo el período para los magistrados actuales da la impresión de que se quiere favorecer a alguien, y se desvirtúa ese propósito.
SEMANA: Hay muchas críticas porque la reforma no parece a la Justicia sino a la manera como se investiga y juzga al Congreso. ¿El Gobierno perdió el control de del proyecto?
J.C.E.: Los temas de la reforma son los mismos que se contemplaron desde el principio de la discusión. Por ejemplo, las modificaciones a la pérdida de la investidura o la separación de las instancias de juzgamiento e investigación, penales y disciplinarias, de los aforados. Pero no es que la se la haya tomado el Congreso para reivindicar los temas que le preocupan. Se han oído las voces de los unos y los otros y se han tenido en cuenta sus opiniones. Las propuestas han llegado del Consejo de Estado y las altas cortes que, precisamente, tienen a su cargo las funciones de juzgar a los congresistas.
SEMANA: ¿Cuáles son los capítulos de la reforma por los que el Gobierno dice ‘valió la pena darse la pela’?
J.C.E.: Un primer gran capítulo es la búsqueda de la descongestión de los despachos judiciales. El artículo 116 busca que personas que no son jueces ayuden a sacar 2,5 millones de procesos que están congestionados.
Un segundo capítulo es facilitar el acceso a la justicia. La norma constitucionaliza el mandato para que en cada municipio haya un juez, y en cada departamento, un tribunal contencioso y uno administrativo.
En tercer lugar, la reforma plantea un rediseño a la administración de la justicia y de sus recursos para corregir el modelo que, en la experiencia, demostró que era inadecuado. En esa materia se conserva el principio de autonomía porque es la rama la que se administrará a sí misma, pero a través de un organismo de carácter gerencial, como deber ser.
Y un cuarto capítulo son las garantías en las investigaciones y el juzgamiento de los funcionarios que gozan de fuero constitucional. La Constitución del 91 y las leyes han sido progresistas a la hora de definir derechos y garantías a los ciudadanos de a pie, pero quedó pendiente que esos criterios garantistas fueran extensivos a quienes gozan de fuero constitucional. Por ejemplo, la doble instancia ha sido reconocida como un principio cardinal en cualquier proceso.
SEMANA: El problema es que la propuesta surge de un Congreso cuestionado por investigaciones como la parapolítica y la farcpolíticA…
J.C.E.: Eso es cierto. Pero son las experiencias vividas de los últimos 20 años las que han servido para demostrar qué hacía falta. Uno no puede observar las bondades y las deficiencias de un sistema si no lo ve funcionar en el tiempo. Toda oportunidad siempre tiene algo de inoportuno.
SEMANA: El Gobierno dice que hay 2,5 millones de procesos represados, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura dice que son un poco más de 700.000. ¿Por qué las discrepancias en el tamaño de la congestión?
J.C.E: No puedo contestar esa pregunta porque depende de las categorías que se usan para la medición estadística. Habría que mirar si por represado se entiende que son procesos que están para perención o si son los que llevan un tiempo determinado. Lo que sabemos es que hoy hay en Colombia unos 2,5 millones de procesos por resolver. En general, un proceso se suele demorar más de 10 años. Por eso en el mundo judicial hay un gracejo que dice “la vida útil de un abogado son dos procesos ordinarios”. Esa no es una estadística que se pueda comprobar, pero es un dicho para destacar una demora inaceptable.
SEMANA: ¿Qué le habría gustado incluir en la reforma a la Justicia y no pudo?
J.C.E.: Desde el punto de vista conceptual creo que faltaron referencias a que los colombianos no solamente somos acreedores de justicia, sino también somos responsables. Creo que un régimen de derechos se debe completar con un régimen de deberes sobre esos derechos. Por ejemplo, faltó una referencia al manejo de la acción de tutela, quizá hubiera sido oportuno incorporar un par de puntos sobre esa materia. Pero hay que tener en cuenta que no todas las reformas que requiere la justicia son de jerarquía constitucional, ni todos los temas que uno echa de menos requieren una reforma.
SEMANA: El propio presidente Juan Manuel Santos dijo durante la inauguración del año judicial que esta reforma no soluciona los problemas de la justicia. ¿Qué piensa de eso?
J.C.E.: La frase del presidente era que no soluciona todos los problemas de la Justicia. Para resolver otros problemas de la Justicia impulsamos un paquete legislativo que incluye el Código de Procedimiento Administrativo que entra a regir en julio; el Congreso aprobó el Código General del Proceso; está pendiente del último debate, la ley de arbitraje nacional e internacional, y está por salir la ley sobre el arancel judicial. Y otras leyes que estamos acabando de cocinar, que serán el Código Penitenciario y Carcelario el Estatuto de Drogas, el Estatuto de la Abogacía y algunas modificaciones al Código sustantivo y de procedimiento penal, entre otras.
SEMANA: ¿Puede decir “misión cumplida”?
J.C.E.: Parte de la misión está cumplida. Pero hay varios puntos pendientes. Después de que la reforma a la Justicia sea aprobada, habrá que ocuparnos de las leyes que desarrolle y de otras reformas. De manera que terminado este período de sesiones, apenas habrá un tiempo breve para retomar alientos y continuar.
