El magistrado Gómez Quintero fue protagonista de excepción de una de las mayores crisis institucionales que tuvo el país en los últimos años. En diálogo con EL TIEMPO relata como fue el enfrentamiento del tribunal del que hizo parte con la administración del presidente Álvaro Uribe.
También se refiere al caso de las chuzadas del DAS, de las que fue víctima, y describe la magnitud de procesos como el de la parapolítica, que califica como el mayor caso de corrupción en el país y asegura que no se ha acabado.
¿Cómo cataloga la Corte a la que le dedicó ocho años de su carrera como juez?
Es una Corte vertical que le ha dado al país ejemplo de fortaleza, de compromiso, de amor por sus función y se ha mantenido fiel al juramento de acatar la Constitución y la Ley.
¿Siente frustración por no haber ejercido la presidencia de la Corte?
Mirando las cosas, he llegado a la conclusión de que de algo me salvó el destino. Lo debo confesar, de presidente hubiera enfrentado las crisis que tuvimos de manera muy distinta. No con el guante de seda con que lo manejaron los presidentes de la corporación en su momento, les resalto eso. Seguramente hubiese comprometido más a la Corte.
¿Cuál fue el detonante que llevó a ese enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe?
Es muy triste y muy doloroso que a una institución como la Corte Suprema la traten de ser el último reducto de la guerrilla, de actuar de forma sesgada, con fines políticos en el sentido más peyorativo… Jamás, de nosotros, hubo una actitud o demostración de rechazo al Ejecutivo. En cambio allí si se quiso someter a la Corte.
¿Someterla a qué?
Ya mirando todo el contexto, el hecho de tratar a la Corte de esa manera lo originaron las decisiones de la Sala Penal. Afortunadamente, ese querer del Presidente Uribe encontró una institución lo suficientemente sólida que entendió cual era su papel en la democracia y la Corte jamás bajo la cabeza.
¿Hubo intentos de frenar decisiones?
Dígame que relación puede tener el montaje que se hizo con el magistrado Iván Velásquez, en el caso específico de Tasmania. Lo que se buscaba era desprestigiar a la Corte. Eso era indudable. O como pretendían obligar a la Corte que de sus sentencias retiraran partes que obedecían a la transcripción de testimonios, cuando se quiso amparar los derechos de un ex ministro. Eso fue absolutamente absurdo.
¿Incluye esa presión el caso de las chuzadas?
Eso lo esclarecerá la investigación. Pero es absolutamente grave en un estado de derecho que después de que me chuzan (para utilizar el término coloquial) a mi y a mis compañeros; y como está demostrado, se oye subrepticiamente discusiones de Sala Plena, eso provenga, como lo indica la investigación, del DAS, que está adscrito a la Presidencia.
¿De quién cree que vino la orden de vigilarlos?
No lo puedo decir porque no tengo elementos de juicio para aseverarlo. Si los tuviera lo diría porque soy de ese talante. Pero algo debe explicar porque querían conocer las discusiones de Sala, las determinaciones que se iban a adoptar.
¿A que grado llegó en su caso las escuchas ilegales?
Mis dos celulares, los de mi esposa, los de mis hijos; las líneas privadas de la Corte, las de mi apartamento; los teléfonos de mi jefe de mi esquema de seguridad. Y lo mismo sucedió con mis compañeros. Eso causó desazón pero jamás incidió en la toma de decisiones.
¿Tuvo que ver en algo las investigaciones por la parapolítica?
Este tipo de relaciones delictivas eran situaciones que se venían desarrollando de tiempo atrás. Que muy seguramente los comprometidos en ellas nunca creyeron que se iban a investigar. Cuando la Corte comenzó a ahondar en los casos, el país se dio cuenta que tenía unos jueces dispuestos a buscar la verdad y a impartir justicia.
¿Cómo se inician esos procesos?
La cantidad de personas de todo el país que por medio de anónimos pusieron al corriente a la Corte de todos estos hechos y que ameritaron investigaciones de oficio. Esas revelaciones, finalmente, pudieron comprobarse. Se creó una conciencia ciudadana alrededor de la Corte, lo que ayudó a que los procesos avanzaran.
¿A qué grado llegó esa infiltración?
Es que la parapolítica no ha terminado. La Corte ha avanzado en esos casos, y con las decisiones le hemos estado diciendo a los políticos que no es lícito buscar este tipo de apoyos pero pareciera, por lo que se ve ahora mismo en los medios de comunicación, que todavía no se ha aprendido la lección en algunas zonas del país.
¿Cómo afectó al país la parapolítica?
Cuando uno oía a los jefes de las autodefensas decir, nosotros éramos el Estado y a nosotros tenían que acudir los políticos para que los autorizáramos a hacer campañas, cuando no era a pedir apoyo para retribuirlo después en la entrega de la contratación, indudablemente esto generó un grado de corrupción terrible y preocupante.
¿En que va a terminar ese episodio?
Todo este trabajo de la Corte y de la Fiscalía debe dejarle una lección muy clara al país: que el delito no paga y que el conseguir elecciones, o acceder a cargos públicos por medio de esos oscuros mecanismos lo que produce es un degeneramiento de la democracia, que se refleja en las sentencias condenatorias.
¿Porque no ha avanzado al mismo ritmo la otra cara de esa infiltración que es la Farcpolítica?
Lo que pasa en el caso de las investigaciones por vínculos con las Farc, es que no hay punto de comparación en cuanto al número de políticos que se hayan aliado con los unos a los que se aliaron con los otros. Son más las personas investigadas por parapolítica y, con mayor frecuencia, privadas de la libertad.
¿Decisiones como la de invalidar las pruebas del PC de Raúl Reyes no estancan más esas investigaciones?
Esa fue una decisión que tuvo sesiones y sesiones de estudio y un análisis detallado de las normas no sólo de nivel doméstico sino internacionales. La Corte dejo muy claro su pensamiento y hasta este momento sigue en esa misma línea: que allí no se acataron disposiciones que señalan como pueden recogerse de manera válida una evidencia probatoria.
¿Midieron las implicaciones que tendría en lo jurídico y en lo político?
La Corte nunca fue ajena a considerar las implicaciones políticas de su decisión jurídica pero aún así estaba obligada a adoptarlas y lo hizo con conciencia.
¿Qué tanto afectó a la Corte la crisis que desató la elección del Fiscal General?
Ese fue un proceso que de alguna manera desgastó a la Corte. Hubo circunstancias que cada magistrado evaluó a la hora de dar su voto y se encontró que algunos de los nombres no reunían el perfil para ser elegidos Fiscal General.
¿En qué influyó el enfrentamiento con el presidente Uribe para objetar las ternas que él envió?
Básicamente fueron las condiciones personales de algunos de los integrantes. En su momento lo dije, y lo sigo pensando, el fiscal debe ser un penalista. Y mucho más con el nuevo sistema, en el que el Fiscal General no puede delegar sus funciones en las investigaciones de los aforados constitucionales. Se requiere 1conocimiento en derecho penal y destrezas en el procedimiento.
¿La interinidad del Fiscal General afectó la institución?
No entiendo como se pudo decir que porque había un fiscal en provisionalidad se pudo haber entorpecido la labor desde el punto de vista jurisdiccional. Tanta autoridad tuvo el fiscal encargado como la tiene quien está en propiedad. Nunca podrá decirse que un fiscal no pudo adoptar una decisión por el hecho de ser provisional, y el que sostenga eso está en un error o actúa de mala fe.
¿Fue ilegal la elección del Fiscal de una terna presentada por el sucesor de Uribe y sin contar con la mayoría exigida en el reglamento de la Corte?
Eso se lo dejamos a la autoridad judicial, que es el Consejo de Estado. En su momento fui claro en la Sala, y así consta en las actas, en que la forma como se interpretó el reglamento no fue la adecuada. Pero hoy no estoy para hacer críticas, esas fueron decisiones que se adoptaron en su momento por la mayoría de la Sala.
¿Se debe modificar la elección del Fiscal?
El Fiscal debe ser elegido por la Corte Suprema. Al fin y al cabo, la Fiscalía, según la Constitución, forma parte de la Rama Judicial y debe ser la misma Rama la que lo elija. Ahora, que la terna la siga presentando el Gobierno es una forma de darle cabida a otra rama en la elección de este funcionario. Eso sería viable pero imponiendo una serie de requisitos mayores. Uno es que sea penalista.
¿Cómo ve las propuestas de reforma a la justicia?
Hoy opino como ciudadano y veo que hay unas cosas que no deben reflejarse en una reforma a la Justicia. Por ejemplo, la idea que se tiene con la investigación y juzgamiento de los congresistas, lo que uno observa desprevenidamente, es que le quieren quitar a la Corte Suprema esa función. Es un poco más difícil que le supriman las de juzgamiento, aunque lo pueden hacer.
¿Cuál es la razón?
Los congresistas ya no se sienten cómodos con la Corte y esto ha ido creciendo. Las propuestas que han surgido dan a entender que no se está contento con lo que está haciendo la Corte. Yo no sé si es porque lo está haciendo mal, o porque lo está haciendo bien.
¿Tiene algo que ver con investigaciones como la parapolítica?
Venga le cuento. Cuando se discutía el sistema penal acusatorio, se creó una comisión constitucional integrada por congresistas y juristas. En esas sesiones, el presidente de la Corte en ese momento, Yesid Ramírez, propuso que los congresistas también quedaran cobijados por el nuevo modelo. Eso no ocurrió porque, consta en actas, que un senador sostuvo: “nosotros nos sentimos muy bien siendo investigados por la Corte Suprema”. Cuando empezaron las decisiones de la parapolítica, ese pensamiento cambia.
¿Deben los congresistas tener la doble instancia en sus procesos, como lo reclaman?
La Corte no le teme a la doble instancia. Ella la ve con buenos ojos pero dentro del marco de lo que hay en la Constitución, que sea la misma Corte la que investigue y juzgue.
¿Qué opina de la propuesta de que sea la Fiscalía la que investigue y la Corte juzgue en los casos contra congresistas?
Hemos oído a la Fiscal General decir que no cuenta con la infraestructura para adoptar este tipo de investigaciones. La Corte la tiene. El anterior gobierno, hay que reconocerlo, dotó a la Corte de herramientas para la investigación, que es la famosa comisión que nos ayuda en parapolítica.
¿Y respecto a otras funciones como la de elegir Procurador y Contralor?
Esa son funciones que se le pueden quitar a la Corte. De alguna manera se pueden buscar otros mecanismos y no encuentro objeciones para que se supriman esas facultades.
