Para el juzgamiento de congresistas se garantizaría que en la segunda instancia participen miembros de la Sala Penal. Buscan que se siga aplicando el Código Único vigente, en procesos disciplinarios contra congresistas.
Uno de los temas en los que hay acuerdo frente al trámite de la reforma a la justicia es el de garantizar la doble instancia en los procesos contra congresistas. Luego de debatir varias fórmulas, Gobierno y parlamentarios al parecer lograron avanzar en una novedosa propuesta que garantiza que magistrados de la Sala Penal participen en la segunda etapa del juzgamiento.
Tal como había sido aprobada la reforma a la justicia en el quinto debate, el juzgamiento de congresistas se realizaría en primera instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia quedaba en manos de la Sala Plena del alto tribunal. Sin embargo, la fórmula no convencía del todo, pues la principal inquietud era: si se trata de procesos penales, ¿cómo iban a estar ausentes de la decisión en última instancia los magistrados de la Sala Penal?
Según conoció El Espectador, la semana pasada, durante un “retiro espiritual” para analizar las modificaciones que deberían incluirse en la reforma, en el que participaron Gobierno y ponentes de la iniciativa, al parecer encontraron una fórmula para la aplicación de la doble instancia en el marco de un proceso riguroso pero con todas las garantías penales.
El planteamiento es que en la primera etapa procesal participarían la mitad de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, el juzgamiento en segunda instancia se mantendrá en la Sala Plena con la participación de los demás miembros de la Sala Penal, garantizando la experticia de los penalistas en la última decisión.
Finalmente el juzgamiento de congresistas funcionaría así: se creará una sala de investigación en la Corte Suprema de Justicia, la primera instancia de juzgamiento con la mitad de los miembros de la Sala Penal y la segunda será con los magistrados de las salas Civil, Laboral y la Penal que no participaron en la primera decisión.
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Uno de los temas que más críticas han generado es el que hace referencia a los procesos disciplinarios contra congresistas. El mismo procurador, Alejandro Ordóñez, ha señalado que no tiene sentido que sea él el encargado de investigar a quienes lo eligen y quienes serán también los encargados de votar su reelección.
Pese a este argumento, las molestias se refieren a que los parlamentarios no serán juzgados con el Código Único Disciplinario y tendrán que legislar sobre el contenido de un estatuto disciplinario. Para los críticos, es autoimponerse las sanciones.
Frente a la lluvia de reproches que genera esta propuesta, El Espectador conoció que en el articulado de la reforma podría incluirse la creación de una sala especial en la Corte Suprema encargada de las investigaciones disciplinarias. Esta célula judicial llevaría los procesos con base en el Código Único Disciplinario, tal como lo hace la Procuraduría en la actualidad, evitando que sea el Congreso el que defina las normas para su juzgamiento.
Esta propuesta es nueva y aún no hay acuerdo entre Gobierno y Congreso, porque es necesario definir las condiciones y el núme ro de miembros con que contaría la sala encargada de disciplinar a los parlamentarios. No obstante, la propuesta ha tenido buena acogida porque alejaría las críticas sobre la intención del Congreso de blindarse ante estos procesos.
Estos dos temas serían incluidos en la ponencia para sexto debate en la plenaria del Senado y, según señalaron participantes en el encuentro entre Gobierno y Congreso, la idea es dejar claro que el trámite de la reforma es necesario para recomponer el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público y que no existe un interés de promover la impunidad frente al juzgamiento de parlamentarios.
