El lunes de Pascua se radicará la ponencia para el quinto debate del proyecto. Se modificarán cinco propuestas del Gobierno. Entre ellas que la Corte Suprema sea la que juzgue a todos los aforados y que los magistrados sigan nominando los organismos de control.
Cinco serán los cambios que tendrá el proyecto de reforma a la justicia que la Comisión Primera del Senado discutirá después de Semana Santa.
Los ponentes llegaron a un acuerdo para que el texto elimine cinco propuestas del Gobierno y de la Cámara de Representantes, algunas de ellas que motivaron el retiro de las Altas Cortes del debate de la reforma.
1. Cortes seguirán postulando a contralor y procurador
La Comisión Primera del Senado decidió regresarles a las Altas Cortes su función de postular candidatos para los cargos de contralor y procurador. El proyecto, que fue aprobado en cuatro debates, despojaba a los magistrados de esa función y se los entregaba al presidente de la República. Ese fue uno de los seis moytivos por los que las Cortes se levantaron del debate.
En consecuencia, “la nominación seguirá en las Cortes, por lo que se mantendrá el actual sistema contemplado en la Constitución”, dice el ponente Eduardo Enríquez Maya.
Sin embargo, se ampliará el régimen de inhabilidades para magistrados, cuyos nombramientos no podrán tener relación de parentesco hasta en tres grados.
2. Diez nuevos magistrados en la Corte Suprema para investigar aforados
Será la Corte Suprema de Justicia la que siga juzgando penalmente a congresistas, pero además su competencia se ampliará para investigar a magistrados, fiscal general, procurador y contralor.
Esas investigaciones tendrán garantizada la doble instancia. Paras ello se crearán dos salas dentro de la Corte Suprema. Ambas estarán integradas por cinco magistrados. La primera hará la investigación y la segunda se encargará del juzgamiento en primera instancia. La segunda instancia será competencia de la actual sala de casación penal de la Corte Suprema.
Los nuevos magistrados que crea el proyecto serán elegidos, cinco de ellos por la Corte Constitucional y los cinco restantes por el sistema de cooptación, es decir que la propia Corte Suprema define quienes ocuparán esa dignidad. En esa elección se garantizará la participación de miembros de la rama judicial, la academia, y de abogados litigantes.
Estos nuevos magistrados tendrán mayores requisitos para ser seleccionados en el cargo: 50 años de edad, 20 años de ejercicio profesional y 70 años para su retiro forzoso. Su período será de 12 años, cuatro años más que los actuales magistrados.
La Comisión de Acusaciones ya no tendrá la competencia para investigar magistrados. Sólo al presidente de la República y el vicepresidente, y sus juicios serán de carácter político y evaluarán la declaración de “Indignidad Política”.
3. Descongestión con condiciones
En el quinto debate se mantendrá la propuesta del Gobierno de designar notarios y abogados particulares para ayudar a descongestionar los despachos judiciales. Pero en el Senado se definirán ciertas condiciones para ello. Primero, estas funciones tendrán un período determinado que se fijará en el debate. Y conocerán solo de aquellos procesos que no tengan carácter contencioso.
4. No se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura
El Gobierno ha insistido en su propuesta de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Los ponentes del Senado acordaron eliminar la Sala Administrativa y en su lugar crear una sala de gobierno de la rama judicial integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Podrán nombrar un gerente de la rama. La sala disciplinaria de la Judicatura se mantendrá, pero reduciendo sus funciones a disciplinar a jueces y abogados.
5. No habrá figura superior a la tutela
Jesús Ignacio García, ponente del proyecto, también reveló que se eliminará la figura del ‘habeas juris’ aprobada en la Cámara de Representantes. Se trataba de un recurso extraordinario que se podía reclamar en todos los procesos judiciales para dar garantía a los derechos fundamentales.
Los partidos políticos, especialmente el Liberal, alertaron que esa figura tuviera alcances superiores a la tutela, uno de los más valorados logros de la Constitución del 91. Las Cortes también advirtieron que esa figura podría generar mayores “choques de trenes” en todas las instancias de la rama judicial.
