En este escenario no podemos pretender que la justicia pueda ser garantía en las condiciones de hoy, sin recursos, al margen de la innovación tecnológica con una absurda discriminación salarial. Su imparcialidad se ha visto comprometida cuando los políticos eligen los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura e inciden en el nombramiento de los jueces del país.
La propia elección del Fiscal y el Procurador propicia la politización de la justicia.
Ocasionalmente conocí una providencia del Consejo de Estado que muestra a las claras lo que ocurre con nuestra justicia. Un alcalde de Popayán investigado ‘por una presunta desviación de recursos, cuando ejerció la gerencia de la Electrificadora del Cauca, de la que se benefició supuestamente su mentor político, un senador de la República, es sancionado por un fiscal en primera instancia que ordena privarlo de libertad y compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para para que investigue la conducta del Senador. Resultado: no sabemos qué pasó con las copias que el Fiscal ordenó trasladar al organismo encargado de juzgar a los senadores. Lo que sí se supo, es que el Director Seccional de Fiscalías de Popayán, que así actuó, fue destituido por el Fiscal y el asunto se trasladó a la Seccional de Fiscalías en Cali que falló a favor del entonces Alcalde de Popayán, hoy representante a la Cámara. El Consejo de Estado dice al respecto: “todo ello demuestra, más que el desvío de poder, un espantoso hecho de corrupción entre procesados y la alta dirección de la Fiscalía General de la Nación, de entonces”.
y consecuencialmente, acaba de ordenar el reintegro del destituido fiscal, ordenando el pago de sus sueldos por más de diez años.
Coincidencialmente, hoy, esos parlamentarios respaldan la candidatura de la “dignidad” de Temístocles Ortega a la gobernación del Cauca, que también figura como candidato al Consejo de Estado. Qué pasará, o mejor, qué nos pasará, si Ortega no es elegido gobernador y tenemos que encontrárnoslo como Consejero de Estado ¿No habrá forma de establecer algún tipo de incompatibilidad legal ya que la incompatibilidad moral no funciona?
La reforma debe despolitizar la justicia, no para darle gusto al ex presidente Uribe, sino para que casos como el del Cauca no se repitan. El Consejo Superior de la Judicatura debe desaparecer y la Comisión de Acusaciones de la Cámara es una burla insostenible. La dama ciega necesita recursos y al menos una prótesis dental para independizarse y ponerse al día.
NB.- A propósito de dinero – para viabilizar el sistema de pensiones se propone buscar el muerto rio arriba, elevando la edad de jubilación ¿No sería más justo limitarlas para que ex congresistas y ex magistrados no tengan pensiones cercanas a los veinte millones de pesos?
