Bogotá, 12 de julio de 2020. A continuación, se reproduce la columna escrita por Jhon Torres publicada en El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
Uno de los males sobrediagnosticados de nuestra justicia, pero rara vez considerado en los fracasados intentos de reforma de los últimos años, es el altísimo número de cargos judiciales que no están ocupados por quienes debían –es decir, por los mejores según los estándares de la meritocracia–, sino por funcionarios en provisionalidad.
La denuncia de los que sacaron los mejores puntajes es recurrente, pero lo cierto es que de las altas cortes (no todas) para abajo se ve poco interés por cumplir lo que ordenan la Constitución y la ley, que no es otra cosa que promover la carrera judicial y la oportuna llegada a la administración pública de los más preparados y eficientes.
Pese a todos los discursos, la colombiana sigue siendo una justicia en encargo, con todos los problemas de transparencia y eficiencia que esto implica. Según estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia, de las 4.955 plazas de fiscal que había en el país en el 2019 solo 1.261 estaban en manos de funcionarios en propiedad. El resto, más de siete de cada diez, eran provisionales. De hecho, sacar adelante el concurso de méritos que lleva más de una década enredado será uno de los grandes retos del fiscal Francisco Barbosa.
Aunque los datos del Consejo Superior de la Judicatura son trasnochados –el corte es a 2018–, dan claro panorama de lo que pasa en la rama: de 426 plazas de magistrado de tribunal, 95 estaban en encargo. En cuanto a los jueces, frente a 2.532 en propiedad había 2.131 provisionales, y por 12.238 empleados (citadores, auxiliares, etc.) en propiedad había 8.127 interinos.
Por supuesto, frente a la movilidad en la carrera y los imprevistos siempre habrá que recurrir a los nombramientos temporales. El lío es que esos encargos suelen prolongarse por meses o años. Son la puerta por la que algunos altos dignatarios se saltan el concurso de méritos para poner a sus fichas en jugosas plazas, algunas con sueldo mensual de más de $ 20 millones.
En teoría, el mejor puntaje del concurso debería ser promovido apenas se abra una vacante de nivel superior. Pero en el mundo real esos funcionarios tienen, incluso, que acudir a las tutelas para que les respeten el derecho a la promoción por meritocracia, y duran años en el intento. Mientras tanto, el encargado –que es nombrado a dedo o en ‘petit comité’ por las instancias superiores– pelecha de los beneficios del ‘palomazo’.
Esta práctica sigue generando malestar en la rama. De hecho, el primero en la lista de elegibles para ser nombrado magistrado de Sala Civil en un tribunal superior acaba de ser relegado, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, en favor de un auxiliar de uno de sus magistrados. Y esa misma Corte acaba de nombrar provisionalmente en la Sala de Familia del Tribunal de Cali a un juez que no ha ocupado los primeros lugares en el concurso para esa especialidad, pero que completa varios años saltando de región en región como magistrado encargado.
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